La decisión reflejaría cuánto ha cambiado la actitud de las autoridades mexicanas para con Garzón, quien era alabado por la izquierda mexicana en 1998 por sus esfuerzos de enjuiciar al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

La oficina de prisiones de la capital mexicana señaló que la petición de Garzón para entrevistar a los seis vascos, arrestados en México bajo sospecha de recaudar dinero para la organización separatista vasca ETA, "sería una violación a las leyes de México", señaló una agencia de noticias local.

Sin embargo, la Procuraduría General negó las versiones de que a Garzón se le impidió la entrada a la prisión, afirmando que simplemente se canceló la audiencia porque de algún modo la prensa se infiltró en el recinto.

El gobierno federal permite a fiscales extranjeros y a jueces observar los procesos legales en México, pero sólo las autoridades mexicanas pueden llevar a cabo las audiencias.

El subprocurador general Alejandro Ramos Flores indicó que Garzón había estado presente en otras ocasiones y en otros procesos legales, porque "según nuestro tratado de extradición con España, el otro país, si así lo solicita, tiene el derecho de estar presente".

"Él (Garzón) no puede interrogar a nadie o llevar a cabo ninguna audiencia", señaló Ramos Flores, aunque dejó abierta la posibilidad de que el juez español pueda sugerir algunas preguntas.

Sin embargo, al menos una mujer interrogada en el caso de los vascos indicó que Garzón prácticamente condujo la audiencia en la que ella participó.

Garzón es poco popular entre la izquierda mexicana desde que se involucró en una disputa pública con el líder zapatista Subcomandante Marcos en el 2002, cuando el rebelde de Chiapas expresó su apoyo a la causa separatista vasca.

Marcos calificó de "payaso grotesco" y de "fascista" a Garzón, en una carta abierta publicada en octubre del 2002.