Planteó que a pesar de que esos rubros no son una opción sino una obligación, su eficacia en los municipios es mínima, más que a nivel estatal y federal, debido a un marco jurídico ambiguo, falta de capacidad administrativa y responsabilidad política limitada.

El mandatario chiapaneco reconoció que a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano, de acuerdo con el Índice de Corrupción 2003 de “Transparency International”, este país ocupa el lugar 64 en esa materia, de un total de 130 países evaluados.

Salazar Mendiguchía, quien presidió los trabajos de esta mesa que este viernes concluyeron, indicó que es una obligación el saber el qué, el cómo y en dónde se ejerce el gasto público, como una manera de avanzar en la lucha contra la corrupción y el burocratismo.

Agregó que se ha detectado que existe una falta de armonización en el manejo de la información hacendaria en los rubros de ingresos, gastos y deuda.

Apuntó que de acuerdo con las cuentas públicas de los estados del 2001 y 2003, varias entidades federativas no desglosan ingresos como impuestos, ingresos no tributarios, participaciones, incentivos, aportaciones federales o ingresos extraordinarios.

Lo mismo sucede -añadió el mandatario chiapaneco- con los egresos, principalmente en lo que se refiere a las participaciones y transparencias a municipios y organismos y en deuda pública.

Dejó claro que la transparencia no significa rendición de cuentas, sino colocar la información en la "vitrina pública para que la sociedad pueda revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar si se detectan anomalías".

Recordó que en 2002 entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, que obliga al Gobierno Federal a poner a disposición del público en medios electrónicos la información relevante de los tres poderes y sus órganos autónomos.

En cuanto a la fiscalización, mencionó que existe una diversidad de legislaciones estatales lo que genera en muchos casos contradicciones entre dicho marco jurídico y federal, lo que dificulta y complica el proceso de fiscalización ante la diversidad de criterios y marcos jurídicos diversos.

El gobernador del estado de Chiapas insistió en que la revisión de cuentas en México es muy limitada a pesar de las múltiples normas y actores que intervienen en la operación y vigilancia de los recursos, aunque ese fenómeno es más grave a nivel municipal que en los ámbitos estatal y federal de gobierno.

Se refirió –entonces- a la descentralización que se hizo de los servicios de salud desde 1983, aunque nada se hizo –dijo- para exigir cuentas de esos recursos descentralizados.

El diagnóstico presentado por Salazar será convertido en propuestas en la Asamblea Nacional Hacendaria que se realizará en julio próximo, para luego ser traducidas en iniciativas de ley que impulsará el Congreso de la Unión tendientes a mejorar la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas en el país.

Una vez concluidos los trabajos de esta última mesa, se ofrecerá una rueda de prensa por parte de los coordinadores de los trabajos que será encabezada por el jefe de la oficina de Enlace Presidencial para la CNH, Fernando Elizondo.