En rueda de prensa, en la que estuvo acompañada por algunos miembros de quienes formaron parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuando fue presidenta, aseguró que sus detractores confundieron su prudencia con debilidad y por ello consideró necesario aclarar las cosas ante la opinión pública.

Luego de asegurar que "tengo la conciencia tranquila" y "no le debo nada a nadie", Robles Berlanga puntualizó que seis meses después de que renunció a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de haber solicitado ella misma una auditoría, no se ha presentado un sólo documento oficial sobre este proceso.

Añadió que ni la actual directiva ni el órgano fiscalizador que preside Ricardo García Sáenz han entregado documentos con el logotipo del despacho Galaz, Yamasaky y Ruiz Urquiza -encargado del estudio contable- avalado por directivos y firmado por profesionales acreditados con sus respectivas cédulas profesionales.

Asimismo, destacó que a la fecha nadie la ha requerido para presentar documentos "como sucede en todo proceso de auditoría serio", por lo que en su opinión quienes están encargados de revisar su administración "actúan con dolo y mala fe".

Dijo que, aprovechando un proceso puramente técnico y administrativo, sus "compañeros" tratan de darle un sesgo político para desprestigiarla "por oscuros intereses, mediante suposiciones y pareceres que nada tienen qué ver con la auditoría".

Comentó que en el informe presentado este fin de semana en el Consejo Político del PRD por el citado órgano fiscalizador, saltan a la vista una serie de inconsistencias e incongruencias que no aluden a su administración sino a las anteriores. Explicó que cuando recibió la presidencia del PRD de manos de Amalia García, existía una administración desordenada y con serios problemas que dieron origen a multas impuestas por el Instituto Federal Electoral (IFE).

Citó el caso de cuentas de cheques manejadas por la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República, así como pagos y cobros por concepto de reconocimiento de actividades políticas, a través de las cuales, funcionarios partidistas cobraban nominalmente y firmaban recibos que no deberían haber sido cargados al partido como gastos médicos.

También se refirió a la supuesta compra irregular en su administración de camisetas para las campañas políticas y la existencia de empresas intermediarias o "fantasmas" a las que se les contrataron servicios como los de publicidad. Dijo que en ambos casos, la documentación se entregó completa para que se pudiera comprobar que el gasto se hizo correctamente y apegado a la normatividad interna y externa, por lo que no hay razón de que pretendan utilizarla en su contra.

Admitió que durante su gestión sí hubo un sobregiro en el gasto autorizado, pero aclaró que en todo momento informó al entonces y todavía secretario general del CEN, Carlos Navarrete Ruiz, a quien acusó de haber falseado las actas de las reuniones que se tuvieron para esos fines.

Sobre la deuda de 409 millones de pesos que se le atribuye haber adquirido en forma ilegal, Robles Berlanga expuso que parte importante de este débito lo heredó de la administración de Amalia García y el que ella pactó con instituciones bancarias está plenamente comprobado su uso y fin que fue el de apoyar las campañas federales y locales del 2003.

Por lo anterior, aseguró que está dispuesta a evaluar políticamente su gestión al frente del PRD, pero dijo que lo que no tolerará es que pretendan calumniarla sin que hayan concluido la auditoría que se pidió hace seis meses.

Indicó que asume toda la responsabilidad del manejo presupuestal de los recursos del PRD en el periodo que ella administró, pues todas las acciones fueron legales y están sustentadas en el hecho de que su partido consiguió reposicionarse en el ámbito electoral del país e incrementar sus prerrogativas y activos.

La ex presidenta del PRD exigió al actual dirigente perredista, Leonel Godoy Rangel, que gestione una reunión inmediata entre ella y el despacho auditor, que le entreguen el contrato y nombres de los auditores acreditados y concluya a la brevedad posible dicho estudio.

Finalmente, se comprometió a que si se demuestran delitos e irregularidades en su administración, ella misma presentará las denuncias correspondientes, pero demandó que de lo contrario, se le dé una disculpa pública pues "calumnia que no mancha, tizna".