CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 9, 2004.- El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, dio a conocer que en lo que va de la administración se han aplicado unas 15 mil sanciones a casi 13 mil funcionarios públicos, por haber incurrido en faltas de diverso orden. En entrevista, al término de la ceremonia del 91 aniversario de la Marcha de la Lealtad, en el Castillo de Chapultepec, explicó que esas cifras no coinciden entre sí porque "se han dado varias sanciones a un solo funcionario público".
Dejó en claro que el propósito del gobierno del presidente Vicente Fox es que con el tiempo haya menos sancionados y que los servidores públicos actúen de acuerdo con el código de conducta y ética.
Romero Ramos afirmó que los servidores públicos deben conducirse con un irrestricto respeto a la legalidad y a la normatividad, pero a la vez –anunció- se trabaja para hacer más sencilla esa norma.
Indicó que, bajo ese contexto, la SFP ha procurado convertirse en una facilitadora en los procesos de mejora regulatoria, y de eficiencia, con el objeto de hacer más eficaz la administración pública.
En torno del caso del ex embajador de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Carlos Flores Alcocer, Romero Ramos indicó que la auditoría que se practica a su gestión "está pendiente".
"No ha concluido y esperamos que concluya pronto", agregó.
El titular de la SFP aclaró que aún no se puede anticipar nada sobre el particular, "pero cuando concluya, sin duda los resultados serán dados a conocer a la opinión pública como lo hemos venido haciendo en otros casos".
En cuanto a las auditorías que se practican en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anotó que "ahí las auditorías concluyeron, hay expedientes de responsabilidad de servidores públicos abiertos y lo hemos informado oportunamente a la opinión pública".