De esta forma, la PGR abrió un expediente para este caso, aún cuando no se presente denuncia por parte de los familiares del primer mandatario, que de presentarse, daría como resultado el inicio de una averiguación previa.

La dependencia federal señaló que en principio se trata de un allanamiento de propiedad, y se deben analizar las consecuencias de lo que llamó un acto reprobable en el que se debe identificar a los responsables para determinar si cometieron delitos federales durante esta irrupción y castigarlos.

En entrevista y al término de la Ceremonia de Conmemoración del XCI Aniversario de la Marcha de la Lealtad, el funcionario subrayó que este tipo de conductas, cuando contravienen la ley, deben ser sancionadas, pero advirtió que esto también corresponde a quien denuncie los hechos.

Debe investigarse la probabilidad de un hecho delictuoso, y en su caso, ejercitar acción penal en contra de los presuntos responsables, contra quienes se debe actuar sin negociaciones, pues, recalcó que "cualquier acto en contra de la ley no se negocia, se aplica".

Asimismo, consideró, en lo personal, que esta irrupción por parte de más de 2 mil ex braceros, sí "vulnera la seguridad de la familia del señor presidente", y manifestó que las autoridades locales y federales deben hacer lo necesario para sancionar este tipo de conductas.