El ombudsman nacional criticó la invasión el sábado pasado por parte de ex jornaleros a la propiedad de la familia Fox en el estado de Guanajuato.

"Es un delito que nosotros reprobamos, no es la forma, porque hay vías legales y, sobre todo, porque esto tiene que llevar al Estado mexicano a responder a una obligación", dijo.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, informó que hasta el momento las organizaciones de ex braceros no han pedido apoyo de la CNDH y consideró que ése es un asunto muy complejo que, antes que nada, el Estado mexicano tiene que atender.

Soberanes Fernández también expuso que no se justifica por ningún motivo la violación a la propiedad privada de la familia Fox.

"No desconocemos la legitimidad de sus derechos, pero también pedimos que ellos (los ex braceros) respeten el derecho de propiedad de una familia y sus bienes”, apuntó.

"El que hayan violado una propiedad privada no se justifica, porque nosotros no podemos defender la ley con una violación a la ley", agregó.

Se pronunció porque continúe el curso de los procesos que están en tribunales mexicanos y estadunidenses.

Insistió en que es responsabilidad del Estado y "las responsabilidades del Estado son para quien está de Presidente, el Gobierno que esté es el Estado mexicano el que tiene que responder.

"Se imagina usted si cada seis años vamos a cerrar los expedientes y decir borrón y cuenta nueva, no, es el Estado mexicano el que tiene que responder" dijo a las preguntas sobre el tema y sobre quién debe resolverlo.

Por otra parte y durante la presentación del informe de actividades de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman sostuvo que la iniquidad y desigualdad atañen de manera directa a la gobernabilidad democrática, "toda vez que con su aumento crecen los riesgos de la ingobernabilidad".

Destacó que el año pasado se incrementó el número de quejas y recomendaciones provenientes de mal servicio en el sector salud IMSS e ISSSTE debido a escasez de medicamentos, insuficiencia de equipo y negligencia e inadecuada prestación de servicios.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Soberanes detalló que la CNDH emitió 52 recomendaciones en 2003 que fueron dirigidas a 56 instituciones: 10 al IMSS, cinco al gobierno de Chiapas, cuatro al Ayuntamiento de Monterrey y cuatro al ISSSTE.

Se emitieron dos recomendaciones a cada una de las siguientes instituciones y gobiernos: Nuevo León, Guerrero y Veracruz, así como a la Procuraduría de Justicia Militar.

Respecto a las recomendaciones no aceptadas, figura una de la Procuraduría General de Justicia Militar, así como igual número de los estados de Chiapas,Veracruz y Baja California, así como el Poder Legislativo de este último.

Subrayó que 2003 fue un año de claroscuros ya que si bien hubo avances en materia de derechos humanos se mantienen patrones de conductas antisociales y violatorias de las garantías individuales.

El presidente de la CNDH dejó claro que ésta no ha recibido ninguna presión para que resuelva asuntos en algún sentido y que el Ejecutivo Federal siempre ha mantenido las puertas abiertas para la presentación de quejas, reclamos y propuestas.