El informe, que cada año evalúa las condiciones de los Derechos Humanos en el mundo, delinea en 60 páginas la situación social y política en México.

Allí, dice, imperan "serios problemas en diversas áreas", como los ya mencionados, y además los de precarias condiciones carcelarias y el contrabando de personas.

En estados como Guerrero y Chiapas existe un clima de especial preocupación para EU, señaló el informe.

En algunos casos, se acusó a las autoridades policiales estatales de participar en asesinatos extrajudiciales y de que la policía en ocasiones recurrió a la tortura para sacar información de sospechosos.

Estas confesiones forzadas fueron aceptadas por los tribunales, agregó.

Además continúa la impunidad en las fuerzas de seguridad, pese a que el Gobierno de México ha tomado medidas en contra de funcionarios públicos, agentes policiales y miembros del Ejército.

Continuó la presunta participación de la policía, especialmente a nivel estatal, en crímenes vinculados con el narcotráfico. Las investigaciones se vieron afectadas por el abuso policial y la ineficacia, añadió el análisis.

En su lista de quejas, el Departamento de Estado indicó que se ha incrementado la violencia y los asesinatos por el narcotráfico, particularmente en los estados norteños y en la Ciudad de México.

En algunos estados del norte del país, la intimidación por parte de los narcotraficantes fue tal que los periodistas practicaron la autocensura.

Pese a las reformas judiciales, el país siguió registrando casos de detenciones "prolongadas", falta del debido proceso y la corrupción e ineficacia en el sistema judicial.

Los pueblos indígenas, sujetos a la discriminación y la marginación, continuaron con un escaso acceso al sistema judicial para ventilar sus casos, mientras que defensores de los derechos humanos -muchos de ellos víctimas de acosos y ataques- denunciaron abusos a manos de grupos civiles armados en Chiapas.

Al igual que años previos, el informe destaca que continuaron los informes "creíbles" sobre el tráfico ilegal de personas, en ocasiones con la venia de la policía, así como de las autoridades de inmigración y aduanas.

Pese a las restricciones presupuestarias, "el Gobierno realiza esfuerzos de buena fe para atender el problema del tráfico" de personas, en colaboración con los países de Centroamérica, enfatizó el informe.