El presidente del INEGI, Gilberto Calvillo, aseguró que "es una petición, sobre todo del comercio establecido, de las empresas bien establecidas, nos han pedido explícitamente que tratemos de medir la actividad informal porque les esta afectando mucho a ellos".

Sin embargo, el director general de contabilidad nacional y estadísticas económicas del INEGI, Jaime de la Llata, explicó que durante los censos no se recabará información de cada uno de los puestos ambulantes, debido a las dificultades técnicas que esto implica.

Durante los censos económicos 2004, alrededor de 35 mil censores visitarán más de cuatro millones de establecimientos y empresas. Recabarán información que servira para hacer un diagnóstico de la situación económica del país.

De la Llata dijo que "para los empresarios es una herramienta de análisis, básicamente para ver cómo están las condiciones del mercado, para el sector público le permite hacer la evaluación para tomar decisiones en términos de políticas públicas".

Habrá sanciones económicas de hasta 750 días de salario mínimo a aquellos establecimientos que se nieguen a contestar los cuestionarios, pero, además, serán exhibidos públicamente.

El presidente del INEGI agregó que se dará "una relación en nuestro sitio de Internet de todas aquellas empresas que se niegan sístematicamente a dar información".

Los resultados de los censos económicos de este año, que tendrán un costo de mil 407 millones de pesos, estarán disponibles en junio del 2005.