Los ministros determinaron por unanimidad que el secretario de Hacienda no puede descontar a San Luis Potosí esta cantidad, en virtud de una indemnización que pagó el gobierno federal a la empresa "Metalclad" de Estados Unidos, por la cancelación del proyecto para instalar en Guadalcazar, San Luis Potosí, un confinamiento de residuos peligrosos.

"La compañía acudió a la justicia internacional y el Estado mexicano fue condenado al pago de 16 millones y fraccion de dólares", dijo en entrevista Humberto Román Palacios, ministro de la Corte.

Inicialmente el proyecto en Guadalcazar se aprobó, después el gobierno potosino lo canceló al declarar la zona donde sería instalado el basurero como reserva natural, la empresa demandó el pago de una indemnización y ganó el asunto en un litigio internacional, lo que obligó al gobierno de México a indemnizar con 16 millones 2 mil 436 dólares.

El gobierno federal absorbió la multa, pero requirió al gobierno de San Luis Potosí para descontarle esta cantidad.

"La Secretaría de Hacienda le manda un oficio al gobierno de San Luis Potosí y le indica que lo están invitando para que acuda a ver cómo va a pagar esos 16 millones de dólares; el estado de San Luis Potosí dice no tienes facultades tú, secretario de Hacienda para el efecto de hacer esas retenciones, ni requerirme de este pago", explicó el ministro.

La Corte dio la razón al gobierno de San Luis Potosí.

Hacienda no podrá descontar los 16 millones de dólares a San Luis Potosí, por lo tanto la multa por el incumplimiento de la instalación del basurero fue absorbida en su totalidad por el gobierno federal.

Los ministros resolvieron que el secretario Francisco Gil Díaz, no tiene facultades en este caso concreto para retener o descontar esta cantidad de los recursos que destina el gobierno federal a las entidades federativas.