Javier Santiago, consejero presidente del IEDF, informó que está citado René Bejarano, Carlos Imaz, Rosario Robles, el senador panista Diego Fernández de Cevallos y el jefe del gobierno del DF, “entre otras personas que han sido mencionadas en este videoescándalo".

Además, jefes delegacionales perredistas como Leticia Robles, de Álvaro Obregón, Ignacio Ruiz López, de Cuajimalpa, Laura Velázquez, de Azcapotzalco, Fátima Mena, de Tláhuac, Faustino Soto, de Xochimilco, Miguel Bortolini, de Coyoacán, y Octavio Flores, de Gustavo A. Madero.

Legisladores como Lorena Villavicencio, Pablo de Anda Márquez, María Araceli Vázquez y Rafael Hernández.

Además, Ramón Sosamontes y el diputado federal panista Federico Döring.

Esto en cumplimiento a un punto de acuerdo emitido por la Comisión de Fiscalización de Instituto y promovido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en el DF.

Eduardo Huchim, consejero IEDF, indicó que pedirán a los citados que digan lo que tengan que decir por escrito, “no tienen que presentarse a hacer una declaración”, aclaró.

¿En el caso que no envíen su información, habrá alguna sanción?
“Lamentablemente la ley no prevé ninguna sanción para este tipo, de no atender los requerimientos de la autoridad electoral", dijo.

Además, serán citados 22 medios de comunicación para que aporten a la investigación lo que han publicado en torno al caso.

Tanto las 18 personas citadas, como los medios de comunicación, tienen a partir de hoy y mañana un plazo de siete días hábiles para presentarse o enviar documentación.

"La Comisión de Fiscalización acordó darle prioridad y la mayor celeridad que sea posible, porque el hecho de que sea una investigación la que ya se está realizando, y no solamente la revisión normal, en esencia es lo mismo, pero al haber una investigación solicitada por dos partidos políticos, esta revisión tiene que acompañarse de una serie de formalidades", señaló Huchim.

El consejero aseguró que por lo que concierne al ámbito electoral, si se demuestra que se rebasaron topes de campaña, ellos sólo pueden sancionar a partidos políticos y no a personas.

Pero la legislación en el Distrito Federal, lo castiga como delito electoral, que se paga con penas de prisión que van de uno a seis años.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Javier Santiago, aseguró que no está en entredicho la capacidad de la Comisión Fiscalizadora del órgano.

"Yo creo que lo que se está demostrando con estos últimos hechos es que hay una normatividad eficiente, y si es necesario adecuarla y modernizarla, pero también con toda claridad hay que decirlo, que esa es responsabilidad de los congresos, el federal, los congresos locales y la Asamblea Legislativa", añadió.

Dijo que deben darse más atribuciones a los organismos electorales para realizar una vigilancia adecuada del uso de los recursos públicos y privados en campañas.