CIUDAD DE MÉXICO, México, mar. 22, 2004.- En entrevista exclusiva con Brozo, en el estudio de El Mañanero, el senador panista, Adalberto Madero Quiroga, habló de la necesidad de crear una ley de protección para las personas con discapacidad y es que –afirmó- para poder exigir a la iniciativa privada un contrato para este segmento de la población, uno como gobierno debe poner el ejemplo. El senador indicó que han creado la Ley General de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que consta de 60 artículos y contiene los derechos de las personas con discapacidad, las obligaciones que debe asumir en esta problemática el gobierno, así como las sanciones a que serían acreedoras las empresas que no cumplan con las normas establecidas.
“Habrá multas que van de 10 a 1000 salarios mínimos, y en caso de incidencia, se duplicará, también cuando no se quiera contratar a un discapacitado sin causa justificada y cuando el gobierno no cumpla con el 3% de su nómina”, precisó Madero Quiroga. En el caso del trasporte público, Madero Quiroga, añadió que el 10% de las unidades, por cada destino de la ciudad, deberá contar con plataformas para permitir el acceso a personas con discapacidad.
El senador del Partido Acción Nacional (PAN) también habló sobre las iniciativas que él ha propuesto en este tema, como la modificación a los artículos cuarto y quinto en la Ley Monetaria, con la finalidad de que los billetes y monedas estén aptos para que los invidentes puedan manejarlos.
“A partir del primero de enero de 2006, el Banco de México (Banxico) pondrá en circulación una nueva familia de billetes, donde se realzará una figura geométrica y tamaño del billete por la nominación que tengan”, explicó. En cuanto al campo laboral para estas personas, dijo que el Gobierno Federal pedirá a las empresas que entre sus empleados tengan un 5% de discapacitados, pero éstos deben estar dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social seis meses antes de la licitación.
Finalmente, señaló que en cuestiones de la Miscelánea Fiscal, cuando las empresas inviertan en accesibilidad para adecuar sus instalaciones para poder contratar gente con discapacidad, esta inversión se deducirá hasta en un 100%, con el fin –comentó- de incorporar a este núcleo de la población en la actividad productiva.
“También hay un convenio con el INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores), para que las personas de la tercera edad tengan una tarifa preferencial independientemente de la posición económica, esta tarifa también se aplicaría a las personas con discapacidad”, concluyó.
