CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 11, 2004.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al Procurador General de Justicia Militar que investigue al personal que en junio de 2002 disparó contra 23 inmigrantes y al que participó en malos tratos en febrero de 2003. En un comunicado, la dependencia señala que, en el primer caso, "no hay elementos que indiquen que los militares repelieron con armas de fuego la agresión física que sufrieron", tal como aseguró en relación a los hechos la autoridad castrense en su descargo.
En el primer caso, los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2002, cuando poco después de la medianoche un grupo con dieciocho salvadoreños, cuatro mexicanos y un ecuatoriano que iba a cruzar a Estados Unidos por Mexicali fue descubierto por efectivos del Ejército que les ordenaron parar.
El vehículo en que viajaban no acató la orden y se dio a la fuga, lo que motivó los disparos de los militares contra los inmigrantes, que cruzaron la frontera.
"Ya en territorio estadounidense los inmigrantes heridos fueron auxiliados por personal de la Patrulla Fronteriza y trasladados a diversos hospitales de la Unión Americana", explica la CNDH en el comunicado.
"Además quedó documentado que los militares no dieron aviso inmediato de los hechos a sus superiores y por tanto se observó que los militares involucrados ejercieron indebidamente el cargo", añade la nota.
La CNDH también recomienda que actúe en relación con los malos tratos que recibieron 13 mexicanos que iban a cruzar a Estados Unidos desde Tecate, estado de Baja California, al ser interceptados por elementos del Ejército el 4 de febrero de 2003.
Según la oficina del organismo presidido por el ombudsman, José Luis Soberanes, el grupo fue interceptado a bordo de un vehículo, colocados boca abajo y en fila, y "pateados y golpeados en las costillas y en la espalda con las culatas de los rifles".
El grupo fue obligado a dispersarse y en un puesto de la Cruz Roja se les prestaron los auxilios debidos.
Además de recomendar a los responsables castrenses que investiguen a los implicados en ambos casos, se solicita que el Ejército instruya a sus integrantes "en el respeto a los derechos humanos", y que "se abstengan de participar en operativos de detención de migrantes".
En ambos casos, la oficina del ombudsman cree que fueron vulnerados los derechos de legalidad y seguridad jurídica de los inmigrantes, el respecto a su integridad personal y dignidad, así como varios tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
