CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 13, 2004.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y gastos excesivos en la Cámara de Diputados durante el año 2002, e incluso un mal manejo de los recursos destinados al área de Comunicación Social.

De acuerdo con el informe de la ASF, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se pagaron viajes aéreos para diputados sin comprobar, servicios de asesorías sin contratos previos y se arrendaron vehículos indiscriminadamente.

La revisión de la Auditoria Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2002, entregada al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Castro, señala diversas observaciones que incluyen también irregularidades en la dirección general de Comunicación Social.

El documento signado por el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, destaca que la Cámara de Diputados tiene 45 días hábiles para promover la instauración de los procedimientos administrativos correspondientes.

Las irregularidades detectadas afectan el patrimonio público de la Cámara baja y violentan el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Servicios Médicos y del Acuerdo para el Uso de los Servicios Médicos.

Además, se comprobó que no se establecen límites en los montos máximos y mínimos de los reembolsos por gastos médicos.

El Manual de Procedimientos no contempla los procedimientos de adjudicación que realiza la Cámara de Diputados por licitación pública nacional e internacional y los montos máximos autorizados para la adquisición de bienes y servicios no corresponden a los autorizados por la Comisión de Administración.

Respecto al Manual de Procedimientos de la Coordinación General de Comunicación Social, se constató que no considera la elaboración de un programa anual de adquisiciones de los servicios de publicaciones.

El auditor recomendó que la Cámara de Diputados instruya a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que las direcciones generales de Servicios Médicos, y de Recursos Materiales y Servicios emitan los Manuales de Procedimientos, así como los Lineamientos Generales para la Administración de Recursos.

Con relación al arrendamiento de vehículos, se observó que en dos ocasiones se efectuaron adjudicaciones directas, las cuales por el monto debieron invitar a cuando menos cinco personas, toda vez que la cifra máxima establecida por la Junta de Coordinación para efectuar la contratación directa corresponde a 500 mil pesos.

Sin embargo, se localizaron dos operaciones de renta de vehículos para traslado de personal por la ruta Guanajuato-México-Guanajuato por 620 mil pesos y para México-Veracruz-México por 720 mil pesos.

Tambien, se localizaron dos facturas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2001, por 422 mil pesos, que fueron pagadas con recursos presupuestales del ejercicio de hace dos años.

Asimismo se detectó que se efectuaron pagos por ocho millones 111 mil 700 pesos derivado de 58 contrataciones de servicios que se adjudicaron de manera directa, y se observó que la empresa contratada para mantenimiento y limpieza Progralim, S.A. de C.V., incumplió con el número de trabajadores estipulados en el contrato.

Se identificaron 17 casos por los que se pagaron un millón 195 mil 900 pesos por la compra de revistas, informes semestrales, finiquito por reparación de un lote de 70 documentos para la colección del archivo histórico del Palacio Legislativo, catálogo de actividades y trípticos, en los que no se elaboraron las órdenes de servicio, ni los formatos de solicitud y recepción del servicio.

En cuanto a los servicios de propaganda institucional, se adjudicaron indebidamente de manera directa, toda vez que de 230 pagos efectuados se observó que en 146 casos, por 21 millones 198 mil pesos se rebasó el monto autorizado como límite para efectuar este procedimiento.

Respecto a los contratos de boletos de avión, de acuerdo a la revisión de los servicios de traslado, por 138 millones 992 mil pesos, se comprobó que la Cámara de Diputados no contó con la documentación que evidencie el procedimiento mediante el cual adjudicó los servicios a las agencias de viaje.