Esta ley regula las actividades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, para discernir entre la actuación legal o ilegal de Estado.

Se legaliza la intervención de comunicaciones en casos de terrorismo, enfrentamientos entre grupos, intervención extranjera en asuntos nacionales y actos violentos para conseguir un objetivo político o cambiar decisiones gubernamentales entre otros.

Incluso cuando sea necesario, el CISEN podrá solicitar el apoyo a las empresas de comunicaciones que designe y éstas estarán obligadas a conceder todas las facilidades y acatar las resoluciones por las que se autoricen las actividades.

“Será precisamente un control para que el estado no pueda traspasar los derechos individuales de los ciudadanos, a través de esta ley sabremos hasta donde llega la materia de la seguridad nacional”, dijo el senador priísta Antonio García.

Por su parte el panista Jesús Galván comentó:

“Las acciones y políticas vinculadas con la seguridad nacional están controladas y evaluadas por el Poder Legislativo a través de esta Cámara de Senadores.”

Se reglamenta la defensa y la garantía del derecho de las personas para a la privacidad de sus comunicaciones.

Ninguna persona estará obligada a proporcionar información a los servidores del CISEN.

En otro asunto, por unanimidad el Senado aprobó la sustitución de la pena de muerte prevista en el Código de Justicia Militar por una pena máxima de 60 años de prisión, según la gravedad de las conductas ilícitas contempladas en el fuero de guerra.