En rueda de prensa, el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos refirió que el primero de los funcionarios en ser llamado a declarar sobre el caso sería quien dio a conocer los documentos.

Señaló que "para determinar en contra de quien se ejercita la acción penal, primero citas al que dio a conocer el documento, que de diga cómo lo obtuvo, y si consideras que esta persona lo difundió, ejercitas acción penal en su contra".

Destacó que el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, puede informar a su superior de alguna investigación relevante, pero en ningún momento revelar el contenido de la averiguación, y mucho menos entregarle los documentos de la investigación que se sigue a Gustavo Ponce por operaciones de recursos de procedencia ilícita.

Si se determina la responsabilidad de funcionarios del gobierno capitalino en la revelación de la información, se podría configurar el posible delito de violación a la autonomía técnica y jurídica del Ministerio Público de la federación, aunado a los que ya investiga la PGR contra ex servidores públicos del Distrito Federal.