CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 17, 2004.- El procurador general de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, indicó que el expediente del delegado con licencia en Tlalpan, Carlos Ímaz Gispert, ya fue turnado a las autoridades correspondientes, por lo que es investigado por recibir dinero del empresario argentino con fines electorales. Precisó que el juez Carlos Morales del juzgado 11 de lo penal, determinará la responsabilidad penal del perredista.
INSISTE EN QUE AMLO NO VIOLÓ LA LEY
El procurador capitalino, Bernardo Bátiz, aseguró que la información que presentó el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, relacionada con los "videoescándalos" está dentro del marco de la ley.
Entrevistado al término de la reunión del gabinete de Seguridad, insistió en que el mandatario local no violó ninguna ley de acuerdo a las disposiciones establecidas y que pudieran ser aplicables.
Precisó que la información que relaciona al ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, en actividades ilícitas "la tomé del expediente que integró la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para informar al jefe de Gobierno".
"Cumplí mi deber con base en la ley no con filtraciones o información a tras mano, sin ocultar nada y esta actitud debe ser reconocida", agregó.
Subrayó que esos documentos los entregó luego de analizar la situación jurídica y de considerar que era su obligación informar al jefe de Gobierno sobre los procesos legales que se llevan.
Aclaró que la Procuraduría capitalina comenzó a investigar al ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, hasta que se difundieron los videos de sus apuestas en Las Vegas, Estados Unidos, en El Noticiero, con Joaquín López-Dóriga, ya que no tenían conocimiento de que estuviera relacionado con el fraude en la delegación Gustavo A. Madero.
"En ese momento en que se investigaba el fraude, en dicha delegación las líneas de trabajo daban con el ex secretario de Finanzas, pero la Procuraduría General de la República (PGR) ya lo estaba investigando desde febrero", apuntó.
Respecto al caso del empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz, destacó que la dependencia a su cargo integra de manera formal el expediente para solicitar su extradición. Además –dijo- la Procuraduría capitalina está en los tiempos que marcan la ley y de manera oportuna se han investigado los presuntos ilícitos de fraude que cometió el dueño del grupo Quart y que hasta el momento no han preescrito.