El subsecretario de Justicia, Edwin Kneedler, abogó enérgicamente por anular la decisión de la novena Corte de Circuito que invalidó las reglas federales de acceso a los camiones y en cambio, exigió un complejo estudio de impacto ambiental.

"El fallo de la novena Corte es incorrecto y frustra la decisión del presidente (George W. Bush) de cumplir con el Tratado de Libre Comercio (TLC)", argumentó.

Bush anunció en el 2001 que cumpliría con las reglas de apertura de la frontera -puestas en suspenso por su antecesor William Clinton en 1995- tras un fallo a favor de México de un panel del TLC.

En noviembre del 2002, la Casa Blanca anunció el fin de la moratoria a la entrada de los camiones, pero en enero del 2003 la novena Corte desechó esa decisión y pidió el estudio ambiental.

Jonathan Weisglass, abogado del grupo Public Citizen, contraargumentó que los camiones mexicanos no deberían entrar a Estados Unidos hasta que se concluya el estudio y se determine que su ingreso a todo el país no afectará el medio ambiente.

En la actualidad, los camiones mexicanos sólo pueden ingresar a una franja comercial fronteriza variable de unos 30 kilómetros. La Corte, que deberá emitir su decisión a finales de junio, mostró escepticismo hacia la posición de Public Citizen.

El magistrado Antonin Scalia sugirió burlonamente que si un "millonario loco" decidiera amenazar con echar a andar miles de camiones para contaminar el ambiente, ninguna agencia federal tendría jurisdicción para pedirle previamente un estudio al respecto.

Si la Corte Suprema falla a favor de la administración Bush, expertos coinciden en que la frontera podría ser abierta rápidamente a los camiones mexicanos que cumplan con las reglas federales de seguridad.

Pero si el tribunal falla en contra del gobierno, analistas coincidieron en que ello podría tener el efecto de aplazar de manera indefinida el ingreso de los camiones mexicanos a todo territorio estadounidense.