CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 22, 2004.- El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, rechazó que Enrique Arcipreste del Ábrego, supuesto dueño del denominado Paraje San Juan, cuente con una "ficha roja" de Interpol o con una orden de aprehensión internacional. En conferencia de prensa, precisó que la institución a su cargo no solicitó a Cuba que detuviera a Enrique Arcipreste, como lo dio a conocer el gobierno de ese país, que además señaló que está vinculado con el empresario Carlos Ahumada.
Manifestó que el gobierno cubano actuó con el fin de colaborar con México en caso de que fuera buscado, sin embargo, reiteró que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tendría que solicitar a la PGR su detención provisional con fines de extradición.
El funcionario reiteró que el supuesto dueño del predio Paraje San Juan, no era buscado a solicitud formal del gobierno de México, por lo que Cuba actuó por cuenta propia.
En la misma rueda de prensa, Macedo de la Concha dio a conocer por otra parte, que los citatorios que se giraron contra el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, no lo consideran como indiciado.
Dijo que estos citatorios sólo tienen como fin que López Obrador explique cómo obtuvo los documentos relacionados con la investigación que se le sigue al ex tesorero del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez.
Asimismo, sostuvo que no se prestará a polémicas y reiteró que el Gobierno Federal no ha orquestado un complot en contra de López Obrador y que sólo se investigan presuntos hechos de corrupción.
Precisó que la PGR no había solicitado al gobierno estadounidense información sobre los movimientos financieros de Ponce Meléndez, y que a principios de marzo pasado se inició una investigación por oficio a raíz de la difusión del video del ex funcionario en Las Vegas, Estados Unidos.
De la misma forma, aseveró que en el hotel Bellagio, donde se filmaron estos videos, no había presencia de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), pues de acuerdo con la ley los investigadores mexicanos tienen prohibido actuar en el extranjero.