En el salón Adolfo López Mateos, de la residencia oficial de Los Pinos, subrayó que "el Ejecutivo federal confía plenamente en que todas las fuerzas políticas del país son partidarias de dar cabida a esta gran revolución jurídica".

Expuso que se está ante la posibilidad de reformular la relación entre el individuo y las autoridades, y de reconocerle más poderes al propio ciudadano.

"Las bondades de la propuesta del Ejecutivo son claras y van, sin duda, a fondo", agregó.

El funcionario recordó que en los últimos años, el país ha avanzado notablemente en la defensa de los derechos humanos y ha jugado, sin duda, un papel importante en el plano internacional, al respaldar tratados en la materia.

Indicó que el Gobierno Federal se ha destacado por su compromiso con los derechos humanos y ha creado la Comisión de Política Gubernamental en la materia, lo que ha permitido coordinar las acciones de las dependencias para que sus resultados se den de manera oportuna.

También –anotó- se ha actuado de frente a las instancias internacionales, al grado de que el gobierno mexicano firmó un acuerdo para la instalación de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

“En la revisión del pasado, en la liberación de líderes sociales encarcelados en otras administraciones, en la búsqueda de esclarecer los homicidios de género en Ciudad Juárez y en otras cuestiones, se ha actuado con apego a la ley, sin rehuir los retos y las responsabilidades que implican la defensa de los derechos humanos”, afirmó.

Creel Miranda aclaró que se ha hecho como gobierno, a partir de las atribuciones que la ley concede al Ejecutivo federal, "pero ya es tiempo de avanzar, ya es tiempo de avanzar mucho más".

Recordó que a la fecha, la Constitución no reconoce los derechos humanos como inmanentes e inalienables de todo ser humano, sino que se limita a otorgar garantías individuales, lo cual es, sin duda, una causa de rezago en la protección de estos derechos en nuestro ordenamiento jurídico.

Por ello –continuó-, lo que se propone hoy es elevar y llevar a cabo una reforma de gran envergadura, que incluya plenamente los derechos fundamentales en el marco jurídico, permitiendo así protegerlos de una manera eficiente.

El funcionario remarcó que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, a diferencia de las garantías individuales, que ya otorga el orden jurídico y que son, por su naturaleza, restringidas y están sujetas a modificaciones.

Explicó que el proyecto prevé la modificación del artículo tercero constitucional, a fin de que la educación impartida por el Estado fomente el respeto a estos derechos y también a la perspectiva de género.

Anotó que en el artículo 15 de la Constitución se plantea hacer énfasis en la obligación que tienen los servidores públicos de proteger los derechos humanos, mientras que en el 103 se introduce una modificación para que los tribunales puedan conocer controversias que se susciten por violaciones a estos derechos.

Creel Miranda señaló que en cuanto a las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos, se plantea -en el artículo 105- una reforma para que sus titulares puedan presentar acciones de constitucionalidad.

Agregó que también se propone una reforma al artículo 73 para que las autoridades federales puedan conocer de los delitos del fuero común, cuando se adviertan violaciones graves a los derechos humanos en su investigación o persecución.

La propuesta incluye modificaciones al texto constitucional, destinadas a lograr que las autoridades tengan explícitamente el deber de proteger los derechos humanos reconocidos también en los tratdos internacionales, mencionó.

"Lo que predicamos afuera como nación, como principio de política exterior, debe ser norma de conducta adentro, dentro de nuestro territorio", resumió el secretario de Gobernación.