La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer en un comunicado que una segunda carta firmada por el titular de esta dependencia, Luis Ernesto Derbez, también la envió e hizo llegar al gobernador de Oklahoma, en Estados Unidos, con la misma petición.

Precisó que el envío de las misivas es en respuesta a la recomendación dictada por la Junta de Perdones del Estado de Oklahoma en el caso del connacional, que tiene fecha de ejecución para el próximo 18 de mayo.

En las misivas se solicita al gobernador otorgar, primeramente, una suspensión de la ejecución por 30 días para que el gobierno de México pueda presentar ante los tribunales del estado de Oklahoma y de la federación sus puntos de vista en forma detallada.

En particular el referido a la falta de notificación consular en el caso del nuevoleonés Torres y el fallo de la Corte Internacional de Justicia en relación con este asunto.

Se señala al gobernador que la condena a Torres Aguilera es injustificada considerando que no fue él quien cometió materialmente los homicidios de los que se le acusa y, por último, se reitera la oposición mexicana a la pena de muerte como un asunto de principio.

La Cancillería indicó que la defensa del mexicano ha presentado ya una moción especial ante la Corte de Apelaciones en Oklahoma, misma que fue respaldada por el gobierno mexicano, a través de la interposición de un documento de apoyo, conocido como amicus curiae.

{ A solicitud de México se harán llegar peticiones de varios países en apoyo al otorgamiento de clemencia en este caso delicado, y se espera que a mediados de esta semana se formule algún pronunciamiento por parte de Brad Henry, al que estará atenta la SRE.

Osvaldo Torres es uno de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, y a quienes no se les dio la asistencia consular de forma inmediata a su detención ni al ser procesados, en este caso por complicidad de asesinato a una pareja de latinos y robo.

Lo anterior representó la violación de la Convención de Relaciones Consulares o Convención de Viena, por lo que México interpuso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La Corte Internacional falló a favor de México, ordenando al gobierno de Estados Unidos la revisión inmediata de los procesos a estos 51 mexicanos.