El subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Carlos Javier Vega Memije, dio a conocer la noche de este lunes la resolución del Ministerio Público Federal.

"Se desprenden elementos que acreditan la probable responsabilidad del ciudadano jefe de gobierno del distrito federal en el delito de violación a la suspensión previsto por el artículo 206 de la ley de amparo, en virtud de que no obedeció la suspensión definitiva otorgada, ya que omitió cumplir con su deber legal de paralizar los trabajos de apertura de vialidades en las partes de las fracciones expropiadas que servían de acceso al predio", señaló Vega Memije.

Para la PGR, existen elementos suficientes para responsabilizar al Jefe de Gobierno del DF por el presunto desacato a una suspensión definitiva concedida por la justicia federal en favor de la empresa "Promotora Internacional Santa Fe".

La suspensión del juez ordenaba que el gobierno capitalino detuviera las obras viales que realizaba, tras la expropiación que hizo del predio conocido como el "El Encino", en el año 2000.

El gobierno del DF no detuvo las obras en el tiempo previsto.

La PGR dio a conocer este lunes su determinación a la comisión permanente del Congreso de la Unión.

“El agente del ministerio público de la federación, en pleno ejercicio de su autonomía legal, determinó solicitar a la honorable Cámara de Diputados, por conducto de la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión que se inicié el procedimiento de declaración de procedencia penal respectivo, en virtud de que el servidor público referido goza de fuero en términos del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", agregó el subprocurador de Delitos Federales de la PGR.

Será el Congreso de la Unión el que determine finalmente si existen o no elementos suficientes para iniciar un juicio de procedencia en contra del Jefe de Gobierno del DF.

El delito por el que se acusa al jefe de gobierno, no es considerado como grave por la ley.