"Hemos escuchado la decisión de la Procuraduría General de la República, la cual podemos calificar no sólo de irresponsable y arbitraria sino también como una resolución fuera de la ley que quebranta el Estado de Derecho... Resulta aberrante que se quiera desaforar al Jefe de Gobierno del DF por el simple hecho de haber intentado construir una calle para darle servicio a un hospital", dijo Batres.

. Poco más de una hora después de que la PGR diera a conocer su decisión, el subsecretario de gobierno leyó un documento de tres cuartillas en el que se considera que detrás de este asunto hay un interés político, esto dijo Batres Guadarrama:

"En el fondo, al no funcionar la utilización del caso Ahumada para destruir políticamente a Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ahora se usa el caso "El Encino" para el mismo fin, pues no se buscó sancionar un supuesto incumplimiento de una suspensión ordenada por un juez, sino la inhabilitación del Jefe de Gobierno con el propósito de evitar que pudiera ser eventualmente candidato a la Presidencia en el 2006, en el supuesto de que la gente decidiera que fuera él quien debiera encabezar un proyecto alternativo de nación. En otras palabras, al igual que quisieron hacerlo en el 2000, nos quieren ganar a la mala..."

"Detrás de este asunto están de nueva cuenta personajes como Fernando Espejel Cisneros, abogado defensor del dueño de "El Encino", y parte del grupo de abogados que trabajan para Diego Fernández de Cevallos, por medio de Juan Miguel Alcántara Soria... Cabe señalar que el juez Álvaro Tovilla León, el que solicita proceder contra el Jefe de Gobierno, es el mismo que concedió un amparo a los bancos involucrados en el Fobaproa para evitar que sean auditados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores".

Desde ahora, Andrés Manuel López Obrador fue deslindado de cualquier responsabilidad.

"El Jefe de Gobierno del Distrito Federal no firmó nunca instrucción alguna tendiente a desobedecer, incumplir o violar la suspensión definitiva ordenada por el juez de distrito", apuntó Batres.

El documento afirma que el Gobierno del Distrito Federal se ha conducido en el marco de la Ley y lo seguirá haciendo.