CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 20, 2004.- Según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la campaña presidencial del 2000 que ganó Vicente Fox, operó una red de financiamiento ilegal.

Los beneficiarios de esta red de recaudación estaban enterados de cada movimiento financiero.

Yolli García, secretaria de Instrucción del Tribunal, determinó:

“Se advierte la participación de militantes, simpatizantes y del propio candidato a la Presidencia de la República, relacionados con el sistema de financiamiento paralelo utilizado en la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada, la sola existencia de un sistema de financiamiento paralelo constituye una conducta grave y que está se incrementa en la medida en que convengan más hechos ilícitos”, dijo.

El financiamiento de la campaña de Vicente Fox operaba asi:

"Recibían recursos de personas físicas o morales y los transferían, fraccionando, Laura y Carlota Robinson, las que a su vez compraban cheques de caja para transferir los recursos a las cuentas del Fideicomiso Para el Desarrollo y la Democracia en México o Amigos de Vicente Fox”, señaló Yolli García.

Por ocultar el origen de los recursos, por tratar de evadir la fiscalización de los mismos, el Trife impuso una multa al Partido Acción Nacional (PAN), mayor de la que el Instituto Federal Electoral (IFE) ya había impuesto, que era de 361 millones de pesos.

“Para cubrir el monto de 399 millones 135 mil 803 peso con 60 centavos, ya que se considera idónea para inhibir en el infractor la intención de reincidir", dijo la secretaria de Instrucción del Tribunal.

Y siendo Vicente Fox candidato de “La Alianza por el Cambio” que integraban el PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el que al no haber cumplido con su papel de garante en dicha alianza, también es castigado, aunque el monto es menor a los más de 184 millones que había determinado el Consejo General del IFE.

“Imponer al Partido Verde Ecologista de México la sanción consistente en supresión total de las ministraciones de financiamiento público (...) para cubrir un monto equivalente a 98 millones 717 mil 713 pesos con 91 centavos”, asentó Yolli García.

El Trife consideró que con estas acciones se puso en riesgo la certeza del Estado democrático, en perjuicio de la equidad en la contienda electoral.