CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 29, 2004.- Como un desorden descomunal define Carlos Payan, miembro del órgano fiscalizador el resultado de la auditoria realizada a la presidencia de Rosario Robles en el PRD. El informe final de la auditoría hecha al partido en el año 2003, fue entregado este sábado al V Consejo Nacional y reporta, entre otras, las siguientes anomalías:
- No existen registros contables certeros de los ingresos y egresos del partido.
- Se carece de documentación que avale la contratación de servicios solicitados a particulares.
- No se reportaron en los informes de campaña gastos diversos y existe un sobreprecio en la compra de algunos artículos.
- No se cubrió el pago de cuotas al IMSS, el impuesto sobre la renta y el IVA.
Carlos Payan miembro del órgano fiscalizador del PRD puso otro ejemplo de las irregularidades presentadas por la administración Robles:
“Nosotros registramos que hay una compra de un millón de camisetas con valores que van desde 18 pesos hasta 42, hay algo ahí que tiene que ser investigado...”
Según la auditoria, la deuda que dejó la administración de Rosario Robles, asciende a 392 millones de pesos.
“La falta de información oportuna impide conocer como va la marcha del partido y al no conocer la marcha del partido puede ocurrir como ocurrió niveles de sobreendeudamiento por encima de las posibilidades de pago...”, señaló Ricardo García Sainz, presidente del Órgano Fiscalizador del PRD.
Para aligerar la carga de la deuda, el Órgano Fiscalizador acordó diferir el pago de casi 150 millones de pesos a por lo menos 12 empresas.
Sin embargo, todavía no se fincarán responsabilidades contra nadie porque los perredistas decidieron formar una comisión anticorrupción, que será la encargada de revisar el informe y llamar a comparecer a los funcionarios involucrados.
El presidente nacional del PRD, Leonel Godoy, dijo que no prejuzgará y va a esperar la resolución de la comisión.
Algunos perredistas como Agustín Guerrero, presidente del PRD en el DF, fueron duros con la ex presidenta:
“La responsable política pues es Rosario, evidentemente...”
Otros como Jesús Ortega, coordinador del PRD en el Senado, fueron más cautos:
“El consejo no es un Tribunal para decidir sin escuchar a los probablemente implicados para presentar las pruebas y para presentar las evidencias...”
Esta comisión tiene un plazo máximo de 6 meses para poder deslindar responsabilidades.
