CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 3, 2004.- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de no investigar lo suficiente antes de pedir su desafuero por el supuesto desacato a un mandato judicial en el caso de El Encino. “El Ministerio Público Federal no solicitó informe alguno al Registro Público de la Propiedad, a fin de comprobar la autenticidad de los datos consignados en la escritura que le presentó el abogado de la empresa Promotora Internacional Santa Fe”, dijo el jefe de Gobierno capitalino.
En el segundo día de su seminario-taller sobre el caso de El Encino, explicó que el terreno, según una escritura de 1991, medía 86 mil 968 metros cuadrados.
Apoyado por funcionarios de distintas áreas, mostró documentos que –aseguró- prueban que Federico Escobedo Garduño, presunto dueño del terreno, modificó los límites de la propiedad a fin de vender al Gobierno Federal poco más de tres hectáreas para la construcción de la Autopista México-Toluca.
“Es evidente que quienes, con mala fe, nos acusan de haber violado la suspensión provisional del amparo, no sólo mintieron a las autoridades, sino que es posible que hayan cometido delitos por vender terrenos que no eran de su propiedad”, resaltó López Obrador.
Afirmó que, además, en la solicitud de amparo contra la expropiación de dos franjas de terreno, el supuesto dueño habla de más de 100 mil metros cuadrados de extensión de su propiedad.
“Estamos conscientes de que el juez no tenía la responsabilidad de entrar al fondo del asunto para investigar lo relacionado con la superficie real de la propiedad, pero el Ministerio Público Federal sí”, agregó.
Informó que copia simple de los documentos serían entregados este mismo jueves a la PGR con el propósito de que sean investigados e integrados al expediente.
También este jueves, López Obrador dio a conocer que hay más personas que reclaman ser dueños de El Encino, aparte de Federico Escobedo y Mayolo Soto.
“Se han presentado en las oficinas del Gobierno del Distrito Federal representantes de la sucesión de la señora Nemesia Ledezma Rubí, asegurando, también con documentos, que ellos son los legítimos dueños. Por su parte, el Gobierno de la ciudad cuenta con información preliminar (básicamente planos de terrenos aledaños a El Encino) sobre una solicitud, hecha en 1934 por Alfredo Leal Toledo, Ignacio Leal Sánchez, Rafael Azuela Lara y Felipe López Hernández para la enajenación de predios baldíos propiedad de la Nación", detalló el jefe de Gobierno.
Por eso –dijo- pedirán a la Secretaría de la Reforma Agraria revise sus archivos para conocer todo sobre esta propiedad.
