CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 3, 2004.- Este jueves, María López Urbina, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentó ante el presidente Vicente Fox su primer informe de actividades. López Urbina dio a conocer de manera formal, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, la existencia de posibles responsabilidades atribuibles a 167 servidores públicos estatales quienes intervinieron en 29 averiguaciones previas de los 50 primeros casos analizados, de los cuales, 81 servidores públicos resultaron con posibles responsabilidades administrativas y/o penales.
Según el informe, de las 29 averiguaciones previas analizadas, se identificaron siete indagatorias, en donde existen elementos que justifican la intervención directa de la Procuraduría General de la República (PGR), al detectarse conductas que pueden ser competencia de los tribunales federales.
En cuatro de estas averiguaciones se ejercitó ya la facultad de atracción; respecto de las otras tres, se hizo del conocimiento de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a efecto de que también ejerza la facultad de atracción correspondiente.
En las 22 Averiguaciones Previas restantes, por ser competencia exclusiva del fuero común, la Fiscalía Especial, luego de hacer una nálisis exhaustivo de dichas indagatorias, propuso a la Procuraduría estatal las líneas de investigación, las diligencias que pudieran practicarse y los trabajos periciales por desarrollar.
De los 50 expedientes revisados, 21 de ellos resultaron ser procesos o causas penales. En 19 de estos asuntos, los tribunales del fuero común dictaron sentencias condenatorias; en una causa, el tribunal de segunda instancia absolvió a la acusada; y, la restante, se encuentra en etapa de instrucción.
Dentro del Programa de Atención a Víctimas del Delito implementado por la Fiscalía Especial, a la fecha se atiende a 30 familias de igual número de víctimas de homicidio y/o desaparición de mujeres. De estas familias, 21 reciben orientación y asesoría jurídica, así como atención médica, psicológica y asistencial.
El 25 de febrero de 2004, se anunció la instalación del Banco de Datos en Genética Forense (BDGF), en la sede de la Fiscalía Especial. Actualmente existe un total de 85 muestras biológicas, de igual número de familiares de víctimas.
El mismo día, se instaló en la Fiscalía Especial la primera terminal de la base de datos del Registro Nacional de Víctimas del Delito. A la fecha se ha registrado la información de 30 víctimas.
Gracias a la puesta en marcha de la Base Única de Datos de Mujeres Desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido posible ubicar a cuatro de las mujeres reportadas como desaparecidas. Los nombres de las cuatro mujeres ubicadas son los siguientes: Catalina Duarte Carrera, Carmen Cervantes Terrazas, Martha Felicia Campos Molina y Roselia Cuazozón Machucho.