Entre otras recomendaciones, el GAFI pide a México que "lo antes posible" adopte una legislación nacional para aplicar en la práctica "todas las disposiciones" del Convenio de la ONU contra la financiación del terrorismo, y para hacer de ésta un delito.

En su sesión plenaria concluida hoy en París, el GAFI divulgó un resumen del segundo informe de evaluación de los sistemas mexicanos a la luz de las 40 recomendaciones del organismo contra el blanqueo y otras ocho contra la financiación del terrorismo.

El informe incluye también resúmenes de las evaluaciones del cumplimiento de Argentina, Brasil y Arabia Saudí.

El secretario general del GAFI, Patrick Moulette, indicó a la prensa que en febrero pasado una primera discusión reveló que México "no cumplía muchas" de las 40 recomendaciones, y se decidió hacer un seguimiento especial.

Expresó la "gran satisfacción" del GAFI por la "mejora considerable" observada entre febrero y junio.

Así, destacó que México decidió extender las obligaciones de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a las empresas de remesas y a los centros cambiarios.

También se han reforzado las obligaciones de identificación de clientes y de archivos, indica el documento.

Menciona igualmente la modificación legal para definir más claramente los poderes y obligaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y para reestructurar sus operaciones.

Las instituciones financieras tienen ahora la obligación de informar sobre transacciones sospechosas de estar relacionadas con el "terrorismo doméstico".

Sin embargo, agrega, "sigue sin haber una obligación legal de declarar toda transacción sospechosa de estar relacionadas con la financiación del terrorismo, independientemente de que esté relacionada o no con México".