La fecha tentativa es a finales de julio. La convocatoria se presentará el próximo miércoles. El acuerdo llegó en la reunión de la Comisión Permanente del Congreso con los convocantes de la pasada marcha contra la inseguridad, quienes urgieron a los legisladores a actuar ya.

“Tienen ustedes que hacer algo para sacar a este país de donde estamos, esa es su responsabilidad. Mi hija ya no regresará, pero podemos evitar que muchos más paguen por esto”, manifestó Eduardo Gallo, cuya hija fue asesinada por una banda de secuestradores.

Las organizaciones civiles reunidas con los legisladores rechazaron el debate sobre la pena de muerte, la cadena perpetua y el aumento de pena como soluciones. En cambio, propusieron que se publiquen los índices delictivos como se hace con los niveles de contaminación, para transparentar la información.

Que se bloquee el uso de celulares en penales y reclusorios. Que la policía preventiva tenga mayores facultades.

“Impulsar que los secuestradores se vayan a penales de alta seguridad”, comentó José Antonio Ortega, representante de la Coparmex.

“Un primer paquete es lo que esta en nuestras manos, que se puede aprobar a la brevedad en el periodo extraordinario”, señaló, por su parte, el presidente del Senado, Enrique Jackson.

Los legisladores hicieron un llamado a su vez a las organizaciones civiles.

“Que nadie fomente el divorcio entre la sociedad y las instituciones políticas, por ahí hay peligrosas tendencias de aislar a las instituciones políticas, entre ellas a los partidos”, señaló el coordinador del PRD en el Senado, Jesús Ortega.

Los legisladores llamaron al Poder Judicial a integrarse al debate nacional sobre las acciones públicas contra la inseguridad.