Maldonado Leza, después de ser detenido en la ciudad de Málaga, España, el 6 de julio pasado, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de esa ciudad, en donde se le practicó la diligencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, informándole las causas que se le siguen en México y por las cuales fue detenido.

Posteriormente, fue trasladado a Madrid y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, en donde se realizó otra audiencia en la que escuchó la opinión del Ministerio Fiscal y de su abogado defensor.

Finalmente, el agregado legal de la Procuraduría General de la República para la Unión Europea y Suiza, después de realizar el trabajo jurídico correspondiente junto con funcionarios del Ministerio Fiscal de España, solicitó al Juez de Instrucción número dos la prisión provisional del reclamado.

Cabe señalar que conforme a lo establecido por el Tratado de Extradición suscrito entre México y España, se cuenta con un plazo no mayor a 45 días, contados a partir de la detención, para efectuar la Petición Formal de Extradición, misma que será sometida a la decisión del Consejo de Ministros para poder continuar el procedimiento por la vía judicial, en el marco de los procedimientos legales y diplomáticos que señala el Tratado para las partes.

Con estas acciones se fortalece la perspectiva estratégica que reviste el continente europeo para la procuración de justicia del país, como lo señaló en su gira de trabajo internacional hace pocos días el procurador Macedo de la Concha, considerando que con el procedimiento iniciado contra Maldonado Leza serán ya siete los casos de extradición en Europa y 18 las solicitudes de asistencia jurídica que se desahogan en el continente.

La Procuraduría General de la República reafirma su convicción de seguir fortaleciendo la cooperación internacional en beneficio de la procuración de justicia del país, ya que así se beneficia el Estado de Derecho, se cierran espacios a la impunidad y se cumple, por la vía de los hechos, con el mandato constitucional de velar por el apego a la ley y la justicia.