“Ese expediente que tiene más de quince tomos está integrado principalmente por libros, periódicos y revistas, que si bien son documentos, carecen de calidad probatoria; además cualquier hecho relacionado con el 10 de junio de 1971 está prescrito, tan prescrito que desde el 10 de junio de 1982 el entonces Procurador General de la República, don Óscar Flores Sánchez los declaró prescritos... Si en 1982 estaban prescritos, con más razón ahora en el 2004”, afirmó el litigante.

Sobre lo dicho por el titular de la CNDH acerca de que algunos delitos cometidos el 10 de junio de 1971, caen en la clasificación de lesa humanidad, el litigante comentó:

“En primer lugar no estaríamos hablando de un delito de lesa humanidad como sería un genocidio, que todo sabemos que es una política de Estado tendiente a la eliminación de un grupo nacional... Estamos hablando de un enfrentamiento de ‘halcones’ con estudiantes en 1971, con un saldo de lesionados y muertos... Aun suponiendo que se tratase, aun en el absurdo que se tratase de un genocidio, la prescripción que entonces había era de 30 años que se habrían cumplido en el 2001.”

El abogado agregó:

“Efectivamente, como se dice, ahora el delito de genocidio es imprescriptible, pero es imprescriptible a partir del 2002 que la Cámara de Senadores aprobó una convención internacional para volver imprescriptible ese delito, pero imprescriptible hacia el futuro, porque la propia constitución prohíbe que las normas se apliquen retroactivamente en perjuicio de alguno... “

Velásquez afirmó que si el jueves la PGR determina la consignación de sus representados, se estaría actuando más bien con un “criterio político y de espectacularidad, de escándalo, que con un criterio jurídico” y subrayó “jurídicamente no hay elementos y todo está prescrito”.