Este acuerdo extrajudicial fue anunciado por la Secretaría de Hacienda y representa un notable ahorro para México, porque del valor inicial de 223.000 millones de pesos (19.561 millones de dólares) sólo se pagarán 116.000 millones (10.175 millones de dólares).

"Esta cifra incluye la recuperación de la cartera, la compartición de pérdidas que aportan los bancos y 9.500 millones de pesos (822,5 millones de dólares) que estos abonan en conceptos de créditos relacionados", indicó el comunicado.

Los cuatro bancos implicados en esta operación son precisamente los mayores del sistema mexicano: Bancomer (actualmente en manos del español BBVA), Banamex (filial del estadounidense Citigroup), HSBC (ex Bital, del británico homónimo) y Banorte, único banco grande que queda en manos completamente nacionales.

Estas entidades aceptaron además someterse a nuevas auditorías en relación con el rescate bancario, por el cual el Estado asumió como deuda los pasivos de las entidades en 1995, por un total de 90,000 millones de dólares.

"A los 116, 000 millones de pesos que recupera el Gobierno habrá que adicionar lo que resulte de las auditorías mencionadas. La entrega del pagaré se llevará a cabo cuando concluyan las auditorías", agregó Hacienda en su comunicado.

El canje deberá ser aprobado por el Congreso, ya que ahora será asumido como deuda pública.

La búsqueda de una solución al conflicto se aceleró este año debido a que el 65 por ciento de los pagarés vence en 2005 y otro porcentaje notable en 2006.

Sin el acuerdo, el Gobierno hubiese tenido que pagar estas notas a sus tenedores, para lo cual había dicho que tenía suficiente dinero.

El gubernamental Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) promovió la aplicación de una nueva auditoría a los pasivos traspasados durante el rescate, pero los bancos se habían negado a ella argumentando que ya en 1998 efectuó una el auditor canadiense Michael Mackey por orden del Congreso.

Los bancos lograron amparos en contra de la intención de realizar nuevas auditorías, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió el 1º de junio pasado que tendría la última palabra en esta batalla legal si no prosperaba un acuerdo extrajudicial.

Como las partes sí lograron ponerse de acuerdo, esto no será necesario. Los cuatro bancos se habían comprometido a que si se llegaba a un acuerdo "final y definitivo" desistirían de todos sus recursos judiciales, cosa que han aceptado.

Tras la crisis financiera de 1995, catorce bancos quebraron, mientras que estos cuatro sobrevivieron.

Para rescatar a la banca el Estado asumió como deuda sus pasivos a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), organismo que fue sustituido a fines de la década pasada por el IPAB.

De este total Bancomer, Banamex, HSBC y Banorte, traspasaron cartera vencida al Estado por unos 223, 000 millones de pesos (casi 20, 000 millones de dólares), según cálculos oficiales.

Este traspaso se realizó en operaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente del Congreso, investigó por presuntas irregularidades.

En su nota de hoy Hacienda señala que "ha sido de gran importancia para la obtención de este resultado el profesionalismo y la diligencia con que han actuado la ASF y la Comisión de Vigilancia de la Cámara de los Diputados".

En enero pasado la ASF dio un paso adelante en la solución del conflicto con los bancos al determinar que del total de créditos transferidos investigados por presuntas irregularidades, sólo 6.499 millones de pesos (565 millones de dólares) tendrían un impacto económico para los bancos implicados.

A valor actualizado, esta cifra ascendería a 20.800 millones de pesos (unos 1.800 millones de dólares).

El monto reduce considerablemente los 20.000 millones de dólares puestos inicialmente en tela de juicio.

El banco con la mayor carga es BBVA Bancomer, que concentra el 44 por ciento de la deuda, seguido de Banamex, con el 37 por ciento, HSBC con el 14 por ciento y Banorte con el 5 por ciento.