CIUDAD DE MÉXICO, México, jul. 19, 2004.- Organizaciones civiles que a través de la página de Internet del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública descubrieron irregularidades en la entrega de recursos a Provida en el 2003, exigieron una auditoría oficial. El expediente que consiguieron y la investigación que ellos realizaron, se los entregaron a la Comisión Permanente.
La entrega de 30 millones de pesos a Provida, a través del Patronato para la Beneficiencia Pública de la Secretaría de Salud –dijeron- fue lo que provocó la investigación.
A Provida le exigieron regresar el dinero.
“Requiera a Provida la devolución de los 30 millones con el fin de reintegrarlos al presupuesto destinado al combate del VIH-SIDA, de donde fueron originalmente desviados”, informó Pilar Muriedas, integrante de la organización civil denunciante.
A la Secretaría de la Función Pública le solicitaron una investigación para deslindar responsabilidades administrativas y penales, e incluso, señalaron a Luis Pazos, entonces presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, como uno de los responsables.
“Se entregaron los recursos directamente por instrucciones de un solo diputado, él es el único que firma un oficio y él no tiene facultades para asignar recursos de esta manera”, aseguró, por su parte, María Vallarta, integrante de la organización civil.
Ernesto Gil, vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, recibió el expediente.
“Para la sesión de próximo miércoles en la Comisión Permanente y ahí se podrá discutir y analizar cuál es el siguiente trámite que se le dará a la petición.
