El canciller mexicano Luis Ernesto Derbez fue el encargado de entregar y firmar los documentos con los que México, uno de los principales promotores de la Convención, quedó bajo la jurisdicción de la misma.

La Convención, que fue abierta a la firma y ratificación en una conferencia mundial celebrada en la ciudad de Mérida, al sureste de México, en diciembre pasado, es el resultado de años de negociaciones a nivel internacional y consta de 71 artículos.

Los apartados atienden el aspecto de prevención, criminalización, cooperación internacional para abatir la corrupción, y la recuperación de activos, uno de los últimos puntos en acordarse.

La Convención entrará en vigor 90 días después de que las instancias legislativas de 30 países firmantes hayan ratificado el tratado. México es el sexto país en ratificarla.

La ONU brinda asistencia a los países que quieran ratificarla, tanto en el proceso de hacerlo como en la implementación (acople de leyes a estándares de la Convención).

La corrupción "es una plaga con numerosos efectos corrosivos en las sociedades, que mina la democracia, el estado de derecho, viola los derechos humanos, distorsiona los mercados y socava la calidad de vida", ha señalado el secretario General de la ONU, Kofi Annan.

En un discurso a la Asamblea poco antes de la adopción del tratado el pasado 31 de octubre, Annan destacó que aunque el fenómeno es universal, tiene un impacto más nocivo en los países pobres, por el desvío de recursos para el desarrollo o la inhabilidad para atraer inversión extranjera.

"Si la Convención es completamente respaldada, este nuevo instrumento puede contribuir a mejorar de forma real, la calidad de vida de personas en todo el mundo, y remover uno de los principales obstáculos para el desarrollo" señaló el secretario.