CIUDAD DE MÉXICO, México, jul. 22, 2004.- La Secretaría de Salud rescindió el convenio de colaboración que tenía firmado con el Comité Nacional Pro-vida. Además, le exige la inmediata devolución de los 30 millones de pesos que recibió a lo largo del 2003.
“Es un error el habernos rescindido el contrato. Mientras nosotros no dejemos de responder, mientras nosotros no dejemos de dar la cara, no hay por qué haber rescindido el contrato”, manifestó Jorge Serrano Limón, representante legal del Grupo Pro-vida.
A través de un documento firmado por Carlos López Bosh, encargado de la Dirección General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, también se conmina al grupo Pro-vida a comprobar el destino de otros 4 millones 533 mil 268 pesos que se le entregaron en los primeros cuatro meses de este año.
De no hacerlo, también deberá devolver ese dinero.
Este jueves, representantes del Grupo Pro-vida acudieron a la Secretaría de Salud y entregaron un documento dirigido a su titular, Julio Frenk.
“Le pedimos reconsidere esta decisión, pues impedirá que este programa beneficie a un gran número de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y desamparo, así como a sus hijos en riesgo de morir”, señaló Rocío Gálvez de Lara, presidenta del Comité Nacional Pro-vida.
Los 30 millones de pesos que Grupo Pro-vida recibió en el 2003, fueron tomados del presupuesto aprobado para el programa de prevención del VIH-SIDA.
Según la ex diputada federal María Elena Chapa Hernández, el ex presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luis Pazos, fue quien asignó esos recursos al Grupo Pro-vida.
“Esto fue por arriba de la mesa, porque fue un oficio directo de Luis Pazos al secretario de Salud, recibido el 10 de enero, aunque como dicen, que estaba fechado en el mes de diciembre”, dijo la ex diputada federal por Nuevo León.
Según Serrano Limón, grupos proabortistas y prohomosexualismo, son los responsables del escándalo en que está envuelto el Grupo Pro-vida.
