Informó que en este expediente se ejerció la acción penal "respecto de hechos acaecidos en décadas atrás, atribuibles a personas que en su época desempeñaron una función relevante en el gobierno federal". En una tarjeta informativa indicó que este juzgado, a cargo de José César Flores, deberá analizar si procede la solicitud de órdenes de aprehensión contra los probables responsables dentro del plazo que estipula la ley.

Advirtió que el impartidor de justicia no informará ni revelará los nombres de los indiciados, a quienes se les dicte resolución judicial, por cuestiones de sigilo de la investigación.

Por su, parte Juan Velázquez, representante de Luis Echeverría Álvarez, Mario Moya Palencia y Julio Sánchez Vargas, manifestó que el delito de genocidio, por el cual fue consignado este expediente, "es un absurdo" e insistió en que este ilícito, de haberse cometido, ya prescribió.

Agregó que no hay pruebas en contra de sus defendidos, aunque el fiscal Ignacio Carrillo Prieto asegure que la prescripción se interrumpió por el inicio de una averiguación previa en 1982.

A su salida de los juzgados federales en el Reclusorio Norte, el abogado dijo que los tratados internacionales suscritos por México no están encima de la Constitución y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto que la ley suprema es la Carta Magna.

Juan Velázquez detalló que en caso de que liberaran orden de aprehensión contra Luis Echeverría, solicitaría el arresto domiciliario, porque el ex presidente tiene más de 71 años de edad.

Se facilitaría obtener este beneficio –explicó- pues su cliente no ha huido, y confió en que el juez de la causa tome en cuenta los argumentos que le entregó en un documento, el cual se presentará mañana sábado para saber si se ordenó detener a Echeverría Álvarez.

Juan Velázquez sostuvo que el ex mandatario se encuentra en su domicilio y esperará probablemente hasta el día de mañana para saber si el juez toma en cuenta los argumentos de la Procuraduría General de la República.