PARÍS, Francia, jul. 30, 2004.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) cuestionó este viernes la “implicación” del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, en la defensa del ex presidente mexicano Luis Echeverría, acusado de genocidio por la matanza de decenas de estudiantes, en 1971. “Tal defensa es incompatible con su cargo, pues en el caso de la que la justicia mexicana permitiese la persistencia de impunidad en este caso, la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos se vería seriamente cuestionada”, indicó la FIDH en un comunicado difundido en París.
Echeverría y funcionarios de su gobierno (1970-1976) han sido acusados de genocidio por el fiscal especial Ignacio Carrillo, aunque el juez José César Flores ha denegado su arresto al considerar que el delito ha prescrito.
Carrillo, que encabeza la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada por el gobierno del presidente Vicente Fox para investigaciones violaciones a los derechos humanos, anunció que apelará la decisión del magistrado.
Según la FIDH, la muerte de decenas de estudiantes en una manifestación el 10 de junio de 1971, en ciudad de México, por paramilitares que actuaron "en connivencia con las Fuerzas Armadas mexicanas", forma parte de la "guerra sucia" entre finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1980, en la que desaparecieron unas mil 500 personas a manos de organismos represivos.
“La FIDH considera que por su carácter sistemático los crímenes cometidos durante la guerra sucia en México son crímenes de lesa humanidad y que, por tanto, son imprescriptibles de acuerdo con la Convención aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1968 y aprobada por México el 10 de diciembre de 2001”, explicó. Además, la organización considera que la reserva incluida en el momento de la ratificación para que se consideraran prescritos los crímenes cometidos tras su entrada en vigor en México, "es contraria al objeto y fin del acuerdo, por lo que carece de efectos jurídicos de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados".
Por todo ello, la FIDH "espera que la FEMOSPP someta el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ésta se pronuncie en conformidad con el derecho internacional, a fin de garantizar la justicia y el derecho a la verdad para las víctimas, sus familiares y toda la sociedad mexicana".
