CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 2, 2004.- Se acabaron los negociadores o asesores de crisis de secuestro. Reformas al Código Penal del Distrito Federal prohíben la contratación de empresas o individuos que, con fines de lucro, establezcan contacto con los secuestradores para negociar el rescate de una víctima.
El artículo 166 bis establece una pena de uno a ocho años de prisión y de 200 a mil días de multa al que:
“Actúe como intermediario en las negociaciones del rescate sin el acuerdo de quienes representen o gestionen a favor de la víctima”, señaló Alfredo Hernández, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el pasado 30 de julio.
Se sancionará con la misma pena a quien aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, e intimide a la víctima, a sus familiares o a sus representantes, durante o después del secuestro, para que no colaboren con las autoridades.
Estas reformas fueron aprobadas para la Ciudad de México.
A nivel federal, en la reciente reunión nacional de procuradores de justicia se acordó enviar al Congreso una iniciativa para establecer sanciones a las empresas nacionales y extranjeras que ofrecen servicios para la negociacion de secuestros.
"Donde precisamente este tipo de asesorías o de consultorías o de organismos que se encargan de lucrar con este tipo de situaciones no solamente tengan sanciones, que tengan su delito equiparado al delito de secuestro, su actividad indudablemente está al margen de la ley", comentó Rafael Macedo de la Concha, procurador General de la República, el pasado 30 de julio.
Recientes investigaciones demuestran que los prestadores de estos servicios no tienen la preparación adecuada y en muchos casos obstruyen la acción de la justicia aconsejando a los familiares de la víctima a no denunciar.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene un registro 559 empresas de seguridad privada.
Sin embargo, existen decenas de compañías que no cuentan con registro y se anuncian como consultores en crisis de secuestros.
“Sabemos que hay mucha deslealtad o poco profesionalismo en esas empresas que no se encuentran registradas porque nada más se dedican a agarrar al incauto y al poco tiempo se encuentran ellos mismos en problemas”, comentó Thomas Gottlieb, consultor en Prevención de Riesgos y Seguridad.
Para evitar la contratación de pseudoempresas de seguridad privada la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) tiene en su página de Internet una lista de las compañías que cumplen con los permisos y certificados de calidad para laborar.
