En el oficio 3864 del incidente de suspensión, el máximo tribunal de justicia del país ratificó la suspensión para efectos a favor del edil, actualmente preso en un penal de Cancún, y ordenó que no se ejecute ningún acto que afecte al municipio.

La ministra Olga Sánchez Cordero, a cargo de ese asunto, falló además que los poderes no pueden vulnerar el ámbito municipal.

La SCJN concedió el amparo a García Zalvidea "en aras del Derecho Constitucional de respeto a dicha integración que ha reconocido este Alto Tribunal a favor de los ayuntamientos".

De igual forma, consideró procedente otorgar la medida suspensional para que los recursos tanto federales como estatales que corresponden al municipio le sean entregados a este y no al Consejo Municipal creado a partir de la detención del alcalde.

Subrayó que esta determinación debe predominar en tanto la SCJN determine la constitucionalidad o no de ese Consejo y sus atribuciones, pues la autoridad municipal se vería afectada al no contar con los recursos económicos que le permitan el ejercicio de sus atribuciones.

De esta forma, la SCJN reconoce que García Zalvidea, preso en la cárcel de Cancún desde el 30 de julio, tiene las funciones de presidente municipal.

En este contexto, la SCJN no aceptó como válidos los argumentos presentados por el Ejecutivo y el Congreso local, que presentaron un recurso de impugnación una vez que ya se había emitido un amparo para que fuese restituido en su cargo.

García Zalvidea fue detenido el 28 de julio, cuando encabezaba un mitin a favor de que fuera reinstalado como presidente municipal, y acusado de motín, sedición, homicidio en grado de tentativa, lesiones, rebelión, ataques a las vías generales de comunicación, entre otros delitos.