De acuerdo con una fuente mexicana que solicitó no revelar su identidad, la petición para revisar el dictamen de Hughes fue presentada el jueves o viernes a la corte federal de Houston, que a su vez se encargó de turnarla al quinto circuito de apelaciones.

"Fue enviada al quinto circuito, nosotros fuimos informados por la fiscalía" estadunidense, que representa a México en el juicio de extradición de Montemayor, añadió.

La fuente destacó que las versiones periodísticas de que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) apeló este viernes el proceso de extradición en su contra ante el quinto circuito "no son correctas".

Explicó que los abogados de Montemayor solicitaron solamente la revisión de la negativa al recurso denominado de "hábeas corpus" que emitió Hughes la víspera.

Dicho recurso, que argumentó que los derechos de Montemayor fueron violados, solicita revertir un dictamen anterior de Hughes en el que autorizó el pasado 23 de julio su extradición a México y le negó el derecho a libertad bajo fianza como pidió su defensa.

La fuente aseguró que aun si el quinto circuito de apelaciones recibió la petición de Montemayor para revisar la negativa de "hábeas corpus", en cualquier momento su defensa podría solicitar que su cliente sea repatriado a México de forma voluntaria.

Versiones de que la defensa de Montemayor solicitaría su repatriación voluntaria a México siguieron a la decisión de una jueza mexicana en materia de amparo que concedió la suspensión contra la orden de aprehensión por peculado del ex director de Pemex.

El amparo que promovieron abogados de Montemayor, en un proceso separado en México, está condicionado a que éste se presente ante la justicia mexicana una vez que llegue a territorio nacional, para que responda a los delitos que se le imputan.

Mediante la repatriación de Montemayor a México sus abogados buscarían que enfrentara en libertad el proceso judicial que se le sigue en esa nación mediante el pago de una fianza de casi 90 mil dólares.

Montemayor se encuentra encarcelado en Houston desde el pasado 26 de julio después que Hughes determinó que existen elementos suficientes para autorizar la extradición requerida por México bajo el acuerdo con Estados Unidos en la materia suscrito en 1978.

México acusa al ex funcionario de peculado y abuso de funciones, al desviar 209 millones de dólares de Pemex, que dirigió entre enero y diciembre de 2000, mediante acuerdos celebrados en mayo, junio y septiembre de ese año con el sindicato de la paraestatal.

Se presume que parte de ese dinero fue depositado en un banco de Houston para ser regresado a cuentas bancarias en México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el fin de utilizarlo en la campaña del ex candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa.