CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 18, 2004.- A pesar de la oposición del Partido de Acción Nacional (PAN), la Comisión Permanente exigió al gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en torno a la violencia ocurrida durante la cumbre de Guadalajara.

El desacuerdo panista provocó la polémica.

Argumentaron que ante las maniobras de grupos subversivos, poner orden no fue atentar contra la libertad de expresión.

Además, relegaron el papel de la CNDH.

El senador panista Jorge Zermeño declaró que “no le corresponde a esta institución, definir en donde hay o no hay delitos, para eso esta la autoridad jurisdiccional”.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) respondió que sí hubo abuso en tanto que se consignaron 73 detenciones ilegales, 55 casos de crueldad y 19 casos de tortura.

Calificaron como un desdén a la CNDH, las afirmaciones del gobernador Francisco Ramírez Acuña, de que no va a cumplir las recomendaciones.

El senador del PRD, Jesús Ortega dijo que “ya son muchos los menosprecios, y si continúa ese desdén, entonces vamos a tener una caricatura de Comisión Nacional de Derechos Humanos, y eso no lo merece el país”.

El Partido del Trabajo (PT), se sumó a la exigencia. El diputado Óscar González aseveró que “el señor gobernador no las acepta, porque está conciente, o no las acepta, porque no le conviene”.

De los priístas nadie participó, pero apoyaron el llamado al gobernador.