CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 23, 2004.- La juez Tercera "B" de Distrito en Materia de Amparo, María del Carmen Hernández Álvarez, concedió la suspensión provisional, contra la extradición a España, a los seis ciudadanos vascos presos en México y acusados de pertenecer a la organización terrorista ETA.

La magistrada, con sede en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, fijó para el próximo 25 de agosto la audiencia para resolver en definitiva este amparo solicitado por la defensa de los ibéricos, recluidos desde hace más de un año en el Reclusorio Preventivo Norte.

También solicitó a la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión, a la Cancillería mexicana y a la Procuraduría General de la República (PGR) que antes de 24 horas entreguen un informe sobre los elementos que consideraron para conceder esta extradición.

De acuerdo a Bárbara Zamora, abogada de los vascos, la petición de extradición del juez español Baltasar Garzón está mal integrada y acusó al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, de "corregir" los errores para adecuarlos a la ley mexicana.

Dijo que el recurso de amparo también se pidió bajo los argumentos de que en las leyes mexicanas no existen los tres delitos por los que son reclamados los presos, como integración en banda terrorista, blanqueo de capitales procedentes del terrorismo y allegamiento de recursos procedentes del terrorismo.

Asimismo, se argumentó en la solicitud del recurso de amparo que el Juez de la Audiencia Nacional Española nunca precisó la fecha en que supuestamente se cometieron estos delitos y que para relacionarlos con ETA se basa hasta en ligas de parentesco con supuestos terroristas.

A su vez, Santos García, también abogado de los vascos, informó que este amparo provisional se concedió contra autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores por supuesta privación ilegal de la libertad, de acuerdo a los artículos 1, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 119 constitucionales.

En entrevista, dijo que también se reclama la aplicación del Tratado de Extradición entre México y España, así como trasgresión de garantías individuales de los quejosos, lo que impide que por el momento sean entregados a España.

El abogado consideró que es casi seguro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea la que se encargue de resolver en forma definitiva la entrega o libertad de los acusados de terrorismo.

En este sentido, lamentó la posibilidad de que los amparos sean turnados a Rafael Zamudio, juez Quinto "A" de Distrito en Materia de Amparo, quien, dijo, se pronuncia contra la liberación de los vascos y ante lo cual se recurriría a la SCJN.