CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 25, 2004.- Diputados y senadores federales pidieron hoy a la Cancillería mexicana que rectifique el fallo en favor de la extradición a España de seis vascos presos desde hace un año en México presuntamente vinculados a la trama financiera de ETA. El exhorto, que aprobó hoy la Comisión Permanente, instancia que representa al Congreso en sus recesos, contó con el respaldo unánime de todos los partidos y señala que no hay sustento en la solicitud de extradición de los seis ciudadanos vascos.
"Existen elementos jurídicos y políticos que hacen evidente la ausencia de sustento en la solicitud de extradición (...), por ello también pedimos la intervención de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) a fin de que vigile el respeto de sus garantías", señala el dictamen, no vinculante para el Ejecutivo.
El viernes 30 de julio la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consideró procedente la extradición de Félix García, Asier Arronategui, Asunción Gorrochategui, Carlos Artola, José Urquijo y Ernesto Alberdi, pese a que la defensa del grupo considera que el proceso fue irregular.
La extradición la solicitó el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, por considerar que los seis pertenecen a la trama financiera de ETA en México.
Aunque la Cancillería concedió la extradición del grupo por los delitos de asociación ilícita e integración a organización terrorista, captación de fondos destinados al terrorismo y blanqueo de capitales, la defensa se aferra al argumento de que no se les ha comprobado nexos con ETA.
El texto del exhorto hace referencia a "informes de diversos organismos internacionales" para afirmar que "de consumarse su extradición, los ciudadanos de origen vasco estarían en riesgo de sufrir violaciones graves a sus derechos humanos, de lo cual el Estado mexicano no podría eludir su parte de responsabilidad".
El pasado día 23 de agosto una juez mexicana concedió una suspensión provisional a la extradición de los seis detenidos, explicó la abogada defensora del grupo, Bárbara Zamora.
"La decisión de fondo del juez tardará el tiempo en que llegan los informes de las autoridades contra las que nos amparamos, el Congreso, la Presidencia, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, es decir varios meses en total", indicó Zamora.
Según la letrada, el caso será resuelto por la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), máximo tribunal mexicano, una vez que se agoten todas las instancias legales, lo que podría demorar el proceso al menos un año.
