El líder de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, Enrique Jackson, calificó como un éxito ciudadano la marcha, pero dijo que no es la vía para resolver si procede o no el desafuero en contra de López Obrador.

“Me parece que la aplicación de la ley, y un proceso de desafuero como al que está sometido el señor López no se puede detener con marchas, es un proceso legal y hay que someterlo a la legalidad, la ley no puede estar sujeta a la presión de marchas por muy numerosas que sean”, comentó Jackson.

El líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Jesús Ortega, calificó la marcha como un acto legítimo de defensa y aseguró que el proceso de desafuero contra el jefe de Gobierno capitalino es ilegal y tiene como única finalidad evitar su candidatura a la presidencial en el año 2006.

“Para decirlo coloquialmente, quieren sacar de la jugada al jefe de Gobierno, impedir que ejerza sus derechos políticos, introducir un elemento leguleyo y una maniobra perversa para romper con el estado de derecho”, aseguró Ortega.

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Zermeño, desestimó el argumento del complot y expuso que serán los diputados y después los jueces quienes determinen si López Obrador violó la ley.

“No se vale escudarse en una serie de argumentos en donde se trata de señalar culpables, cuando todavía no ha sido juzgado ni sentenciado”, dijo Zermeño.

Durante su turno, el subsecretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, insistió en que no existen elementos legales para enjuiciar al mandatario del Distrito Federal por el caso del Encino.

“No está expropiado el predio porque ya se revirtió el proceso expropiatorio, no se construyó la calle, no se bloquearon los accesos al predio que era el origen de la suspensión que ordenó el juez, entonces estamos ante una aberración y creo que la gente que salió a las calles tiene el derecho de protestar contra una aberración”, señaló Batres Guadarrama.

Continuó el debate y los coordinadores de las bancadas del PRI y el PAN en el Senado insistieron en que el asunto está en manos de los legisladores de la Cámara baja.

“Son los diputados los que lo van a resolver, tiene la ley un procedimiento establecido y cada diputado va tener una opinión sobre el asunto”, agregó Jackson.

“Decir que la gente percibe algo chueco, pues es llevarnos a una ley que se determine en base a popularidad, en base a presiones y yo creo que no es por ahí”, mencionó Zermeño.

Martí Batres descalificó la solicitud de desafuero que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Cámara de Diputados, argumentando que en por lo menos tres ocasiones, la misma PGR ha determinado no ejercitar acción penal en contra de alcaldes panistas que incurrieron en supuestos desacatos similares ante mandatos judiciales.

“Ahí está el caso de Querétaro, ahí esta el caso de Jalisco, y el de Miguel Hidalgo y hay miles y miles de casos en donde se ha determinado el no ejercicio de la acción penal en contra de funcionarios que supuestamente han violado la suspensión de un juez”, aclaró el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal.

Esto dio pie para que el senador Jesús Ortega señalara que la Procuraduría General de la República está actuando de manera tendenciosa.

“Desde el poder se está torciendo la ley, y se quiere utilizar la ley con propósitos políticos, con propósitos electorales”, advirtió Ortega.

La mesa de discusión fue moderada por el periodista Joaquín López-Dóriga.