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CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 8, 2004.- El procurador capitalino, Bernardo Bátiz, lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara conocer a fondo, el juicio de controversia constitucional que promovió la Asamblea Legislativa para tratar de detener el posible desafuero del jefe del gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por el caso del predio "El Encino”.

“En la Corte no se pudo, no quisieron entrar al fondo, pero tarde o temprano la verdad y la legalidad van a prevalecer. Es un modo pues, de dejar la resolución al Poder Legislativo, el Poder Judicial se reserva para más adelante cuando se haga la consignación, yo creo que ahí hubiera sido positivo que la Corte entrara al fondo, pero no quisieron”, comentó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Entrevistado al término de la reunión del gabinete de seguridad, el funcionario dijo que, ahora, le corresponderá al Gobierno de la ciudad presentar las pruebas necesarias ante la Cámara de Diputados para demostrar la inocencia del jefe de Gobierno capitalino. “Sigue el procedimiento todo está en manos del Poder Legislativo en la Cámara de Diputados, para que ellos determinen si procede o no, el desafuero. Ayer o antier se acreditó que la calle se detuvo, que no se siguió la construcción, que los accesos no se cerraron, al fin de cuentas se detuvo la obra”, agregó. El Procurador dijo tener confianza en que el Poder Legislativo determinará que no procede la consignación penal de López Obrador. “Hay estas cuestiones jurídico-políticas, irán resolviéndose a medida en que pues haya conciencia y se den cuenta de que este asunto tiene que resolverse, tomando en cuenta que hay muchos otros casos similares en donde no hubo consignación”, explicó. Sobre todo –dijo- porque no se puede responsabilizar personalmente al jefe del Gobierno capitalino, por acciones y decisiones que dependen de otros funcionarios menores.