CIUDAD DE MÉXCIO, México, sep. 102004.- La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) entregó a la Suprema Corte de la Nación (SCJN) los documentos con los que pretende demostrar que está imposibilitada para entregar las tierras del poblado de San Pedro Tultepec, en Lerma, Estado de México.

A la SCJN acudió el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gilberto Hershberger Reyes, quien precisó que la dependencia a cargo de Florencio Salazar Adame está imposibilitada jurídica y materialmente para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo en Materia Administrativa.

En entrevista, el funcionario señaló que no hay tierras disponibles para cumplir la Resolución Presidencial de 1929, en la que se ordena entregar a dicho poblado mil 932 hectáreas, pues la mayoría de los terrenos se encuentran ocupados ya por otros ejidos o completamente anegados por ser una zona lacustre.

En representación de Salazar Adame, el subsecretario entregó documentos para que el máximo tribunal de justicia del país conozca todas las acciones que llevó a cabo la dependencia federal para el cumplimiento de esa sentencia de amparo ratificada por el Tribunal Colegiado en enero de 2003.

Confió en que los ministros apreciarán que existe una imposibilidad jurídica y material, "por eso es excusable porque nadie está obligado a lo imposible", o de lo contrario se abra el oficio para el pago sustituto como concepto de reparación del daño ante la falta de entrega de más tierras.

Explicó que en caso de que la Corte ordenara "pagar con recursos lo que en tierra no podamos entregar" se remitiría el expediente al juez de la causa, quien abriría el incidente sobre daños y perjuicios, al mismo tiempo que requeriría a las partes para que presentasen un avalúo de las tierras.

En caso de que el valor presentado tanto por el poblado como por la SRA no coincidiera, el juzgado tendría la facultad de llamar a un tercero que realizara otro avalúo y con base en los tres estudios poder determinar la cantidad que se debiera pagar.

Hershberger Reyes subrayó que en ningún momento el titular de la SRA ha actuado con rebeldía, pues se hizo todo lo posible para cumplir con el fallo, entregando en un principio 510 hectáreas hace casi 50 años. Sin embargo, debido a las características del terreno ahora la dependencia sólo podría entregar 272 hectáreas más.

En ese sentido, dijo que contrario a un acto rebelde, la SRA en tan sólo 14 meses ha cumplido con 199 ejecutorias, "una cada tercer día" y sólo en un número que no supera los diez casos, ha tenido que resarcir el daño mediante el pago de recursos y otras acciones administrativas.

En el documento que entregó Salazar Adame "se establecen las consecuencias jurídicas que conllevaría pretender ejecutar la sentencia dictada por el Poder Judicial de la Federación, pudiendo, incluso, ocasionarse graves conflictos sociales y daños irreparables en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener la parte quejosa".

Al salir de la Oficialía de Partes de la SCJN, el subsecretario subrayó que esa presentación de pruebas no es tardía y que, además, "la intención del incidente de inejecución no es destituir funcionarios, es que se cumplan las sentencias y que sólo puede cumplirse lo que es posible y excusable".