CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 17, 2004.- El Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud, concluyó la auditoría a los recursos entregados al Comité Nacional Pro-Vida, AC y turnó los resultados al área central de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para, en su caso, fincar la responsabilidades que marcan la ley. La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial (DGRSP), dependiente de la subsecretaría de Atención Ciudadana y normatividad de esta secretaría , con base a la auditoría concluida y con respeto a la garantía de audiencia de los involucrados, examinará y precisará legalmente el monto de los recursos públicos que podrían haber sido utilizados incorrectamente.
De la auditoría realizada se desprenden probables irregularidades en la comprobación de gastos por los conceptos de:
- Publicidad
- Mobiliario
- Material didáctico y cursos de capacitación
- Ayuda con medicamentos y atención médica
Adicionalmente se encontraron conceptos a los que se aplicaron recursos no considerados dentro del proyecto y el convenio de colaboración y se presentó documentación que no corresponde a los Centros de Ayuda para la Mujer, administrados por Pro-Vida, abiertos en 2003, de acuerdo con el convenio celebrado.
La SFP a través de la DGRSP decidirá sobre las posibles responsabilidades en que incurrieron tanto funcionarios públicos, como miembros de esa asociación civil, dado que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos también estipula responsabilidades a particulares que apliquen y manejen recursos públicos. Asimismo, esa dirección general de la SFP decidirá el recurso legal dentro de los tiempos establecidos por la ley, y si existen elementos para fincar procedimientos de responsabilidades.
La SFP cuantificará el posible daño patrimonial y, conforme a su política de transparencia, divulgará los resultados y conclusiones legales en su oportunidad.
El OIC recomienda a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud, que examine la posibilidad de iniciar un procedimiento legal en tribunales ordinarios federales para reclamar la devolución de recursos que pudieran haber sido utilizados de manera correcta, así como el cabal cumplimiento del convenio entre la Secretaria de Salud y Pro- Vida. Como ya se ha dicho, conforme a la ley, todos los involucrados tendrán garantía de audiencia, por lo que sus nombres no pueden hacerse públicos en esta etapa del proceso. Cabe recordar que el apoyo a la mencionada Asociación Civil por parte de la Secretaría de Salud fue suspendido a partir del mes de mayo del presente año.
La Secretaría de la Función Pública ratifica su labor de vigilancia y rendición de cuentas en la Administración Pública Federal.
