CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 18, 2004.- Ex trabajadores de lo que fuera la Ruta 100 reiniciaron ante el Gobierno del Distrito federal (GDF) la petición para el reconocimiento de la Comisión Liquidadora, con el fin de comenzar el reparto de los bienes sindicales pendiente desde hace varios años, informó el presidente de dicha comisión, Jorge Cuéllar. Cuéllar explicó que la gestión local tiene muchos adeudos con los empleados e, incluso, hay varios convenios políticos establecidos e inscritos en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje certificados por el GDF a los que se les debe dar cauce.
Indicó que, entre otros, el gobierno capitalino les debe los módulos de transporte 14 y 26, así como 250 mil pesos, que en su momento fueron 250 millones, para la licitación del transporte en 1991 y 20 mil metros cuadrados para vivienda de los trabajadores.
Además, 13 millones de pesos de la Hacienda de Xoco, en Tlalpan; más de 11 millones de pesos, cinco mil becas firmadas en el primer convenio, 1.5 millones para las pensiones y jubilaciones acordados en el nueve, pero se han negado bajo el pretexto de que no había Comisión Liquidadora.
El representante de los trabajadores dijo que los módulos de R-100 que actualmente utiliza la empresa GMT, que preside Ricardo Barco, son el 10, 13, 20, 41 y 51, que están en el convenio y tampoco se han entregado.
Señaló que Barco, ex líder del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransporte R-100 (Sutaur) tiene en su poder 30 propiedades con un valor superior a los 500 millones de pesos, entre ellos el casco de la Hacienda de Chimalhuacán.
Refirió que tan sólo esta última propiedad tiene un valor de 200 millones de pesos y lo único que "estamos esperando es negociar con el gobierno pero, por otra parte, ya tendremos que mandarles notificaciones a quienes ocupen los bienes e inmuebles, de que la Comisión cuenta ya con el reconocimiento legal".
También están los fideicomisos, que de acuerdo con el último estado de cuenta son de 246 millones 453 mil pesos en 1997, de los que se repartieron 130 millones de pesos en 1998, lo que quiere decir que se les adeuda 110 millones de pesos más los intereses.
Cuéllar dio a conocer que recientemente hablaron con funcionarios del gobierno local para exponerles que la semana pasada ya obtuvieron la toma de nota de la Comisión Liquidadora de los Bienes de los ex Trabajadores de Ruta 100.
Sin embargo, les pidieron que se deben esperar a los 15 días que marca la ley, en virtud de que se podrían presentar impugnaciones por otro grupo de trabajadores.
Sostuvo que la única comisión reconocida por el Tribunal Laboral es la que preside, ya que fue la que designó la Asamblea General del 26 de julio el 2003 y que a la fecha no existe ninguna otra asamblea que pueda impugnar ese fallo.
