CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 24, 2004.- El juez español Baltasar Garzón señaló que son necesarias las reformas a los sistemas de justicia de los países, pero en ese proceso –dijo- se deben observar con cuidado aspectos que pudieran resultar negativos e, incluso, un retroceso.

Expuso que no por el hecho de que la reforma sea necesaria ante niveles emergentes de inseguridad pública, debe darse en un sólo momento y como un sólo paquete, sino que debe ir evolucionando a partir de un estudio, una radiografía sobre la coyuntura.

En su ponencia "Apuntes sobre una reforma necesaria", Garzón se pronunció a favor de varios aspectos que desde su punto de vista son benéficos para la administración de justicia, como el que los fiscales sean los que dirigen una investigación y no los cuerpos policíacos, para evitar corruptelas.

Además de esto, dijo que el fiscal debe ser una figura autónoma que actúe de manera independiente del gobierno pues si es nombrado por algún gobernante se convierte en algún cargo discrecional.

También habló de la unificación de los cuerpos policíacos, que derivaría en mejores resultados, aunque no se puede descartar que algunos grupos de policías opongan resistencia.

Planteó que ese factor convertiría a la justicia en "tierra de nadie", por lo que es importante tomar en cuenta diferentes ámbitos, como la compatibilidad de las corporaciones federales y locales.

Durante el VIII Congreso Nacional de Doctores en Derecho, manifestó que ese análisis de los puntos que podrían ser perjudiciales para el sistema jurídico exige la suma de voluntades de Estado para establecer las bases de una reforma, que aunque necesaria se debe evitar que fracase.

En ese sentido, subrayó que en primer lugar se debe construir un poder judicial firme, limpio, libre de corruptelas, así como "limpiar" de pequeños grupos de intereses que impidan el desarrollo de dicha reforma.

De igual forma, debe adoptarse el principio de acción popular que ya se aplica en España, que consiste en que cualquier persona pueda denunciar un delito público y así restar poder al monopolio de la acción penal del Ministerio Público.