CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 4, 2004.- En el caso de los presuntos actos de corrupción en Tláhuac, el procurador general de justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, informó que autorizará el arraigo de Misael Morales, ex director Jurídico y de Gobierno, así como de Julio César Sánchez, ex director de Licencias de Uso de Suelo, hasta que el Ministerio Público así lo determine. “Sí hay argumentos y fundamentos para hacerlo, lo autorizamos... Depende ahí de la Agencia del Ministerio Público que lleva el asunto, ellos tendrán que determinar si se requiere algún arraigo, ciertamente me consultan, hasta el momento no lo han solicitado”, comentó Bernardo Bátiz, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.(PGJDF).
Según la página oficial de la Delegación Tláhuac, esta es la declaración patrimonial de los ex funcionarios y servidores públicos que están sujetos a investigación por sospecha en actos de corrupción en Tláhuac:
En el 2003, Misael Morales ganaba un salario mensual de 89,497 pesos, cuando se desempeñaba como Director General de Servicios Urbanos, cargo que ocupó hasta el mes de mayo del 2004.
Este salario es superior al que gana la misma jefa Delegacional en Tláhuac, Fátima Mena, que según la página de Internet es de 64,728 pesos mensuales.
Dijo tener una casa valuada en 100 mil pesos, tres cuentas bancarias y una deuda de 35 mil pesos.
Julio César Sánchez Alba, ex director de Licencias de Uso de Suelo, declaró que ganaba 30 mil 25 pesos mensuales.
Dijo tener un departamento valuado en 135 mil pesos. Una casa-habitación de 250 mil pesos. Tres vehículos y una cuenta bancaria de 90 mil pesos. Así como hipoteca de 220 mil pesos por la adquisición de un departamento.
Hans Salazar Castañeda, director de Protección Civil, fue señalado por Víctor Hugo Fernández, quien presuntamente cobra el dinero de la extorsión, como uno de los que integran esta red de corrupción.
En su declaración patrimonial, Hans Salazar declaró tener muebles para casa con un valor de 35 mil pesos, un vehículo Jetta modelo 2003 y cuentas bancarias por 13 mil pesos. Así como una deuda por 109 mil pesos.
Por la tarde, la información de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que están bajo sospecha de corrupción, fue borrada de la página de Internet.