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CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 21, 2004.- Enrique Yepes, alias “El Jarocho”, actualmente recluido en el penal de “La Palma”, fue presionado por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), para decir que el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, le ordenó matar al presunto narcotraficante Benjamín Gómez, alias “El Chino”, aseguró el secretario de Gobierno de la entidad, Jesús Giles Sánchez.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, en el estudio de Primero Noticias, Giles Sánchez, quien también estuvo acompañado por el abogado de Estrada Cajigal, Guillermo Pasquel Hernández, rechazó tajantemente que haya tenido lugar la reunión donde supuestamente el gobernador de Morelos ordenó a “El Jarocho”, ejecutar a Benjamín Gómez, de acuerdo con una conversación telefónica que sostuvieron Enrique Yepes y Alejandro Hernández, ex subprocurador de Morelos, y cuya grabación fue proporcionada en exclusiva a Primero Noticias por Graco Ramírez, secretario de acción electoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Es totalmente falso, esa reunión nunca ocurrió, el primer comentario que nos merece es que esta cinta debe ser sujeta a la revisión correspondiente para corroborar su autenticidad; segundo, en un país donde campean la legalidad y las leyes hay una declaración donde precisamente este personaje, el señor Yepes (“El Jarocho”) indica una serie de señalamientos donde fue visto involucrado a través de la gente de la UEDO para decir eso, que en su momento fue tomado como la gran verdad”, aclaró Giles Sánchez.

El secretario de Gobierno de Morelos aseguró que “El Jarocho” fue presionado a cooperar con la UEDO, de José Luis Santiago Vasconcelos, para encarcelar al procurador morelense, Guillermo Tenorio Ávila y abrirle un juicio político al gobernador Estrada Cajigal.

Jesús Giles también argumentó porque el gobernador de Morelos no ha querido dar la cara.

“Hay que dejar muy claro que el señor gobernador en diferentes ocasiones ha indicado que en este país donde campea la ley, lo que debe de hacerse es confiar en las instituciones. Que el estado procesal de este caso tiene una base considerable y, en este sentido, la opinión del señor gobernador es la de no incidir ni presionar a través de la presentación de documentos y una serie de elementos que pudieran alterar el curso de las investigaciones”, explicó el entrevistado.

“Estamos confiados en que se llegará a la conclusión, cualquiera que esta sea, y que en su momento se acatará responsablemente por la autoridad del estado”, añadió.